Por presunto detrimento a través de contrato irregular, asegurado alcalde de Río Quito (Chocó) y dos funcionarios de su administración.

Según la investigación, mediante la firma de un otrosí del contrato de obra para la construcción de un parque recreativo que quedó inconcluso, se habría provocado un desfalco al Municipio de $116.950.389.

Ante el Juzgado Primero Penal con función de control de garantías de Quibdó (Chocó), la Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde municipal de Río Quito (Chocó), Heraclio Mena Romaña; a su secretario de Planeación, Yonny Alexánder Mosquera Romaña, y a Fernando Trujillo Chaverra, funcionario quien fungió como interventor del contrato objeto de la investigación; por las supuestas anomalías en la ejecución del mismo.

Los funcionarios, capturados por la policía judicial CTI de la Fiscalía Seccional Chocó este 17 de septiembre, fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La investigación adelantada por una fiscalía seccional de administración pública se relaciona con las aparentes irregularidades ocurridas en la suscripción del contrato de obra pública 177 del 23 de noviembre de 2015, entre la Alcaldía de Río Quito y el Consorcio Obras del Chocó J.N.C, cuyo objeto era la construcción del parque recreativo en Villa Conto – Río Quito, por un valor de $624’285.700 para ejecutarlo en un término de 4 meses.

Los peritos evidenciaron que pasado el tiempo se pidió una adición por valor de $159,973.125 sobre el valor inicial mencionado, mediante la firma del Otrosí Nro. 2, y que se extendió el plazo por un mes para que el contratista pueda concluir la obra; sin embargo, esto no se realizó quedando inconcluso el sistema de desagüe, la implementación de zonas verdes, así como las zona deportiva y recreativa, la instalación de baldosas en el piso, la pintura de toda la infraestructura y la iluminación en toda la obra.

Igualmente se estableció que a pesar de que no se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, tanto para el contratista como para la administración municipal aparece en estado de terminación y entregado, permitiendo un detrimento de $116.950.389, que corresponden a menores cantidades de obra ejecutoriada y falsedad en las actas de entrega final y de liquidación del contrato.

Al término de las audiencias preliminares, el juez afectó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a los tres funcionarios.