No es llamarlos héroes, sino protegerlos.

Más allá de los aplausos, el país necesita demostrar un compromiso serio con su personal de salud. / Foto: Mauricio Alvarado – El Espectador.

Son tiempos difíciles para prestadores de salud en Colombia. Aunque se han convertido en la primera línea de defensa y contención contra el coronavirus, y la sociedad se los agradece, incluso con aplausos masivos en las noches, son varios los obstáculos que han tenido que enfrentar. Las deficiencias de nuestro sistema de salud en dotación, sumadas a la inseguridad laboral y a la estigmatización que han sufrido, son agravios que no deberían estar soportando. La reciente controversia con un decreto expedido por el Gobierno generó justos reclamos entre una población que se siente exigida sin contar con los apoyos necesarios.

El artículo 9 del Decreto 938 indicaba que, durante el término de la emergencia, todo el talento humano en salud, en ejercicio o en formación, “estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”. La medida causó indignación. En redes sociales y en medios de comunicación, personal médico, de enfermería y de trabajo en hospitales publicaron videos y columnas sintiéndose injustamente presionados por el Gobierno, cuando ellos le han puesto la cara a la tragedia. Entre sus denuncias están las pésimas condiciones laborales, los tipos de contratación que no les dan seguridad y la ausencia del material básico en los hospitales para garantizar su salud.

Son reclamos entendibles. El senador del Centro Democrático Santiago Valencia dijo que “más del 70 % (del personal de salud) no está vinculado formalmente. Hay que buscar la forma de vincularlos y darles una estabilidad laboral reforzada”. Además de eso, los riesgos de seguridad son tangibles: en Italia, según The Lancet, el 20 % de todo el personal de salud disponible se infectó con COVID-19. Ya Colombia vio a dos médicos que murieron en el cumplimiento de sus funciones dentro de la pandemia.

Esto se une a la frustración creciente del personal de salud con las condiciones en Colombia. Se han conocido casos de enfermeros, camilleros, médicos y trabajadores del sector salud víctimas de actos de discriminación. Han sido expulsados de sus viviendas, increpados constantemente y rechazados por el temor de las personas a contagiarse. Por estar defendiendo al país, son vistos con malos ojos y han sido estigmatizados.

Por fortuna, el Gobierno ya anunció que modificará el decreto. Como contó Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, quien ofreció una rueda de prensa conjunta con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, “el Ministerio adquirió el compromiso de hacer una reglamentación en la que quede claro que ese llamado se hará solo en caso de que la crisis lleve a la falta de personal de salud y se hará de manera escalonada de acuerdo con la evolución de la pandemia”. También dijo que “el Gobierno hará una compra de insumos a gran escala que serán utilizados a modo de reserva cuando lleguemos al pico de la epidemia. Estos implementos deben ser entregados según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, de acuerdo con el riesgo que tenga cada nivel de atención”.

​Son medidas mínimas. Más allá de los aplausos, el país necesita demostrar un compromiso serio con su personal de salud. Gracias a todos los recursos que se están destinando, es el momento de fomentar la formalización de los empleos, creación de garantías laborales y asegurarse de que toda Colombia esté dotada de manera apropiada para enfrentar la COVID-19. Es lo que les debemos a quienes arriesgan su vida por salvar las nuestras.

Fidel Cano – Director El Espectador.