En Villa Nueva – Riosucio fue asesinado el campesino Adis Manuel Caré Pérez.

A las nueve de la noche del pasado 24 de agosto, varios hombres armados ingresaron a la vivienda de Edis Caré Pérez y lo asesinaron de varios disparos cuando se encontraba durmiendo en su cama. El crimen sucedió delante de su esposa y varios de sus hijos, en la vereda Villa Nueva, corregimiento Cuchillo Blanco, municipio de Riosucio.

Villa Nueva es una de las 49 comunidades del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, Cocolatu, municipio de Riosucio. Son 5.803 personas, muchas de ellas provenientes de Córdoba, Sucre y Antioquia, que han colonizado el territorio y que en la década del noventa fueron desplazadas por grupos paramilitares.

En los últimos diez años retornaron a su territorio, pero han sido asediados por grandes terratenientes ahora fungen como propietarios de la zona. Sufren hostigamientos, amenazas, presencia de hombres armados, destrucción de sus viviendas, cosechas y linderos y asesinatos.

Cocolatu, que fue acreditado por la JEP como víctima colectiva, desde 2019 demanda al gobierno que se comprometa con su protección e integridad, y presentará el informe sobre su victimización a la JEP y la Comisión de la Verdad el 28 de septiembre próximo.

Cocolatu venía haciendo denuncias de las erradicaciones forzadas de cultivos de coca, sin una alternativa que permitiera a las familias vivir con dignidad.

Edis Caré Pérez tenía cerca de 60 años, era presidente de la junta directiva de la comunidad de Despensa Media, cuenta del río Curbaradó, hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó y había denunciado amenazas en su contra

Las 49 comunidades asentadas en La Larga y Tumaradó están cobijadas por las medidas cautelares de protección que dictó el auto 00181 de 2014, emitido por el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Quibdó donde se ordenó a la UNP y a otras instituciones del Estado garantizar la seguridad de los reclamantes de predios del Consejo Comunitario.

La organización Comisión de Justicia y Paz asegura que la presencia de Fuerza Pública en el área rural de Riosucio es intermitente y no brinda garantías de seguridad.