Fiscalía judicializa a nueve personas presuntamente implicadas en un desfalco superior a 38.000 millones de pesos en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Judicial, Quibdó (Chocó), 18 de febrero de 2023 || Comprometida en la lucha contra los delitos que afectan las finanzas públicas; la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Seccional Chocó, judicializó a nueve personas; entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) que estarían comprometidos en un desfalco superior a los 38.000 millones de pesos.

Los procesados, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato.

Estas acciones, se cree, se dieron en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó).

Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución.

Así mismo, se estableció que no se contó con una póliza autorizada por la entidad correspondiente y que los recursos no se depositaron en una fiducia; sino que fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019.

Por estos hechos servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Gaula Militar capturaron a los procesados quienes fueron imputados; según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.

Medidas impuestas por el juez de garantías.

El juez de control de garantías encargado del caso impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eduardo Antonio García Vega quien; rector de la UTCH para la época de los hechos; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero; y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato.

En libertad, pero vinculados al proceso quedaron: Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato.