La desaparición forzada es una de las prácticas más dolorosas que ha atravesado el desarrollo del conflicto armado interno colombiano hasta nuestros días. Si bien pueden ser más, La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha determinado que 135.396 personas han sido víctimas de desaparición forzada solo hasta el 2016. Para dimensionar la tragedia, si encontráramos a 1 de esas personas por día, nos demoraríamos 370 años para encontrarlas a todas.
Y es que el horror de la desaparición forzada no solo buscó el ocultamiento del cuerpo entendido como prueba del delito y la generación de miedo como práctica ejemplarizante y como mensaje directo a colectivos sociales. La desaparición forzada va más allá, puesto que la dignidad de la víctima y de su familia desaparece junto con el cuerpo, mientras que el sufrimiento, la incertidumbre y la espera se instalan. Y es que precisamente al no haber cuerpo, la familia siempre albergará la esperanza de encontrarlo con vida, no importa cuánto tiempo pase. Es una tortura china muy a la colombiana en la que, ni siquiera el Estado colombiano, siendo uno de los principales responsables, había comenzado a construir una política pública de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Algo de lo que ha sucedido: madres y familiares sueñan que sus hijos le dicen la parte exacta en la que los desaparecieron; hay madres y familiares que han servido todos los días un plato de comida en la noche durante más de 20 años porque guardan la esperanza de que su hijo regrese y quizá tenga hambre; mujeres y familiares que se enferman, somatizan en su cuerpo la espera y el cáncer se apodera sin dejarles saber qué le pasó a su ser querido; madres que van a las terminales a esperar si un bus trae de vuelta a su hijo–Por esto es que la búsqueda debe ser humanitaria y no exclusivamente judicial.
La firma del Acuerdo de Paz en 2016 abrió la puerta: la búsqueda humanitaria, exigencia histórica de las organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada, se ha instalado como práctica de reparación estatal con el objetivo de buscar, encontrar y entregar dignamente a las personas desaparecidas mediante la creación de la UBPD que tendrá una duración de solo 20 años. Además de tener el mandato de aliviar el dolor de las familias víctimas de desaparición forzada, la búsqueda humanitaria que realiza la UBPD implica explícitamente un ejercicio de restitución de derechos mediante la verdad restaurativa, mediante la garantía de acceso a la información y la participación de las familias buscadoras en cada fase de la búsqueda, mediante la reparación integral y la búsqueda del establecimiento de contextos de no repetición. En últimas, la certeza de encontrar a un ser querido desaparecido es una forma de reparación a las familias y también al tejido social.
Sin embargo, la desaparición forzada no ha alcanzado un rechazo colectivo en la sociedad colombiana como, por ejemplo, el secuestro. Con toda razón, las imágenes de las personas secuestradas en las montañas colombianas movilizaron un rechazo colectivo y un clamor por negociar la paz y encontrar caminos para acabar con la violencia política y el conflicto armado interno. En contraposición, en redes sociales y en la vida real, concreta y cotidiana, lo más común hoy es leer reacciones a situaciones problemáticas o conflictos con amenazas o sentencias como “un tiro y pa’ la Escombrera”, “se está ganando que lo tiren al río”, “se está ganando que lo desaparezcan”, “siga así que lo pican y no lo vuelven a ver”… Esa preocupante legitimación social de la práctica de la desaparición forzada es, como menos, escalofriante: el lenguaje que usamos demuestra cómo vemos y vivimos el mundo.
Entonces, ¿qué tiene que pesar para que la desaparición forzada nos duela a todos y todas? ¿nos hemos acostumbrado a esta forma de crueldad como solución a nuestros conflictos? ¿la desaparición forzada es hoy en Colombia una elemento tan central que en la misma cotidianidad se justifica y, lo que es peor, se reclama?
Si bien la acción de la UBPD de contribuir a la paz y a la reparación es por medio de la búsqueda y la entrega digna a todas las víctimas de desaparición forzada, si bien apenas se están creando las políticas que establezcan los mecanismos y procedimientos para la búsqueda desde el Estado, la única forma en la que no tendremos más desaparecidos en Colombia es, precisamente, mediante el rechazo colectivo de la desaparición forzada como una opción si quiera considerable expresado en una empatía sincera sobre el dolor de los demás.
Bajo estas reflexiones es que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y su Grupo de Trabajo en el Chocó, el día 10 de diciembre de 2025, conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos en la Terminal de Quibdó con una serie de activaciones que buscaban generar consciencia sobre drama de la desaparición por medio de la pedagogía a viajeros y conductores y mediante la reflexión sobre las prácticas navideñas de las familias desaparecidas frente a las ausencias de sus seres queridos.
Enfrentarnos a nosotros mismos ante el dolor de los demás es solo un llamado a un reconocimiento social con el sufrimiento producido por la desaparición forzada; a descentralizar la desaparición forzada como una opción en la guerra. Es una invitación a que la única opción sea la paz. Ponerse ante el dolor de los demás, no es una representación visual de la guerra, como lo quiso hacer Susan Sontag en su libro. Es más bien una invitación a una identificación colectiva del dolor producido por la guerra atravesado por la desaparición forzada.
