En el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un informe del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) revela que la situación de salud mental de los jóvenes en el departamento no es un asunto meramente clínico, sino el resultado de un abandono estatal sistemático y la asfixia de la violencia.
Según esta investigación, el deterioro de la salud mental de la juventud chocoana tiene raíces profundas en la falta de oportunidades y el eco de los fusiles. El informe ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden en la salud mental de los jóvenes en el departamento del Chocó?, liderado por el Observatorio de Paz del FISCH, en alianza técnica con District Data y con el respaldo del Centro de Investigación de Rendición de Cuentas, (ARC) de American University y de Humanity United, alerta sobre la realidad psicosocial de esta población.
Los hallazgos identifican cuatro factores críticos que están socavando el bienestar emocional en el territorio: el desempleo, la violencia del conflicto armado, la ruptura del tejido familiar y la corrupción institucional.
Según el informe, el 73 % de los encuestados identifica los problemas económicos como la fuente primaria de estrés. Quibdó ostenta la tasa de desempleo más alta de Colombia para personas menores de 28 años, con un 33.8% de jóvenes sin trabajo, el doble que el promedio nacional (DANE, 2025). A esto hay que añadir, que entre la población ocupada (con trabajo), predomina la informalidad: cinco de cada diez trabajadores en la capital chocoana se encuentran en esta condición.
Para Jeison Palacios Robledo coordinador de la investigación acción participativa “El Chocó padece dos tragedias que se agudizan día tras día, como lo son el desempleo y la violencia. Los jóvenes no solo ven morir sus proyectos de vida por falta de oportunidades, sino que viven bajo la amenaza constante de estructuras armadas que se disputan el territorio. El futuro no es una promesa, es una lucha diaria por sobrevivir”.
El estudio califica al conflicto armado como un “alimento silencioso” que debilita la salud mental. La investigación halló una correlación del 78 % entre la exposición directa a hechos violentos y la aparición de síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión.
La situación alcanza tintes dramáticos en las comunidades indígenas del departamento. En los últimos años, más de 47 jóvenes en zonas como el Alto y Medio Atrato, Baudó y San Juan han recurrido al suicidio ante la degradación del tejido social. La guerra no solo quita la vida; quita las ganas de vivirla.
Sumado a esto se encuentra la ruptura del tejido familiar. El desplazamiento forzado y la desintegración de los hogares han dejado a los jóvenes sin el primer soporte emocional. El informe destaca que, aunque la familia sigue siendo el principal factor protector, esta se encuentra bajo ataque constante por las dinámicas del conflicto.
El Observatorio de Paz del FISCH también pone el foco sobre la gestión pública. La corrupción es percibida por el 41 % de los jóvenes como el principal obstáculo para acceder a servicios de salud dignos. Las líneas de atención son, en muchos casos, “saludos a la bandera”, y la infraestructura para el tratamiento de enfermedades mentales en el departamento es prácticamente inexistente o de difícil acceso para quienes viven en la ruralidad dispersa. Solo el 7% de los jóvenes reportó un alto nivel de apoyo social frente a problemas de salud mental y solo el 10% de los jóvenes ha recibido apoyo psicológico profesional.
A la falta de servicios se suma una barrera cultural invisible. el estigma. Yasiris Cordoba, co-investigadora que ha seguido de cerca el proceso, señala que en la región aún persiste un profundo tabú sobre la salud mental. “Muchas veces las personas no recurren a ayuda profesional porque estos cuadros se minimizan; se consideran simples ‘arrebatos’ o falta de carácter, y no enfermedades que necesitan tratamiento médico y acompañamiento especializado”, explica la experta.
El panorama en Chocó nos recuerda que no basta con hablar de “gestión de emociones” cuando el entorno es hostil. La salud mental es, ante todo, un asunto de justicia social de prioridad. Este informe manifiesta una serie de recomendaciones dirigidas a la institucional local, organizaciones sociales y cooperación internacional con presencia en el departamento, enfatizando que la responsabilidad frente a este problema de salud pública no es individual sino colectiva.
“Es imperiosa la implementación de programas dirigidos a la promoción de la salud mental en las instituciones educativas y espacios comunitarios. Además, de contribuir con escenarios que sirvan para la integración social y el bienestar” señala Jeison Palacios, como la principal recomendación.
Los investigadores del informe celebran que con la entrada en vigor de la Ley 625 de 2025, a partir de este año, cada colegio del territorio nacional deberá adoptar la educación emocional como materia obligatoria, componente que será evaluado en el examen ICFES. “Esta es una gran oportunidad que desde el aula y la malla curricular se aborden herramientas para el manejo del estrés, resiliencia y autoconocimiento cuyo impacto será a largo plazo. También permitirá evaluar cómo están nuestros jóvenes” asegura Jeison Palacios, coordinador de la investigación.
Por último, este informe del Observatorio de Paz del FISCH reitera la necesidad de ampliar la red de atención en salud mental, mejorando su acceso y servicio a un público juvenil. “Hacemos un llamado a la articulación y coordinación interinstitucional para ejecutar acciones que beneficien a los jóvenes con una mayor inversión social y la priorización de las zonas rurales, las cuales enfrentan.
