Al menos ocho procesos judiciales activos mantienen congelados cerca de 15 mil millones de pesos en recursos públicos del departamento del Chocó, situación que afecta directamente el pago de la nómina docente y otros compromisos laborales esenciales del sector educación.
Los embargos, ordenados por juzgados laborales y administrativos de Quibdó, se originan en demandas ejecutivas promovidas en su mayoría por entidades del propio Estado, como el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones, el Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales y el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. Este panorama no obedece a hechos aislados, sino a años de desorden fiscal, omisiones administrativas y falta de conciliaciones oportunas.
El impacto social es profundo: docentes sin salario ni primas, familias sin ingresos, deudas acumuladas y más de un centenar de estudiantes sin clases. Mientras los expedientes judiciales identifican claramente a los demandantes y montos, los trabajadores siguen sin respuestas claras por parte de la administración departamental sobre responsables, soluciones y fechas de normalización de pagos, una carga que hoy pesa sobre las últimas administraciones del Chocó.
