A través de la Circular 001 de 2026, la Procuraduría General de la Nación señaló que ejercerá vigilancia preventiva sobre el cumplimiento de las normas que regulan el registro y la actualización de las Juntas de Consejos Comunitarios.
La medida responde a los procesos adelantados tras las elecciones de juntas realizadas en diciembre de 2025, que dieron paso a trámites administrativos ante alcaldías, distritos y el Ministerio del Interior, entidad encargada del Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios.
El Ministerio Público advirtió a las entidades responsables la necesidad de garantizar el debido proceso administrativo, el respeto por los términos legales y la correcta gestión de las impugnaciones, como elementos clave para evitar afectaciones a los derechos colectivos.
Por último, la Procuraduría reiteró su invitación a que las comunidades tramiten los conflictos derivados de estos procesos de forma autónoma, conforme a sus usos y costumbres, con el fin de fortalecer la gobernabilidad y la identidad étnico-cultural en los territorios colectivos.
