En un reciente informe, la Contraloría encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras identificar fallas en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con la información conocida, entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 denuncian afectaciones laborales como retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.
De manera más específica, cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos”, establece el comunicado oficial de la entidad.
Según los hallazgos, se estarían utilizando esquemas de vinculación por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría fragmentar la relación laboral y otras garantías.
Lo cual presentaría una dinámica que, además de generar inestabilidad en las condiciones de trabajo, también “podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”, señaló la Contraloría.
Frente a este panorama, la Contraloría hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas laborales en el PAE y garantizar la protección de los derechos de las manipuladoras.
Asimismo, instó a las entidades territoriales y a los operadores del programa a adoptar medidas urgentes para asegurar condiciones laborales dignas y transparentar el uso de los recursos públicos.
