Por posibles irregularidades en contrato de aseo fueron acusados el exalcalde de Quibdó y dos exfuncionarios de su administración.

Por posibles irregularidades en contrato de aseo fueron acusados el exalcalde de Quibdó y dos exfuncionarios de su administración.

Entre las presuntas irregularidades se encuentran modificaciones al presupuesto en una licitación pública sin los estudios previos ni los anexos técnicos requeridos, entre otras.

Quibdó (Chocó), 27 de julio de 2026 || Por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas durante el trámite de contratación para la prestación del servicio de aseo en Quibdó (Chocó), en 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde Martín Emilio Sánchez Valencia; a la exsecretaria general, Gloria Lizeth Palacios Córdoba; y al entonces coordinador de contratación, Beymar Alexander Mosquera Borja.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Chocó, los entonces funcionarios habrían participado en actuaciones irregulares durante las etapas precontractuales de dos licitaciones públicas que tenían por objeto contratar los servicios de aseo y generales para las instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras sedes de la Alcaldía de Quibdó.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía indican que las presuntas irregularidades culminaron con la celebración, en febrero de 2021, de un contrato por 1.568 millones de pesos, sin que se cumplieran plenamente los requisitos legales exigidos para adelantar el proceso contractual.

La investigación estableció que, presuntamente, eliminaron de la plataforma SECOP II una de las licitaciones, utilizaron documentos de otro proceso que no contaba con aviso de convocatoria ni estudios previos, modificaron el cronograma y el presupuesto sin los soportes técnicos requeridos, y adjudicaron el contrato por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó escrito de acusación en su contra y los procesados deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.