Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2026 || La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal e imputó cargos contra el alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, y otros cinco funcionarios de su administración por presuntas anomalías y manejo irregular de recursos públicos destinados a la logística de las pasadas elecciones legislativas.
Según el ente investigador, los hechos están vinculados con los comicios realizados el 8 de marzo, para los cuales se habrían autorizado cinco partidas presupuestales que sumaron un total de 200 millones de pesos. Sin embargo, el material probatorio indica que solo una parte del dinero se utilizó para los fines previstos, mientras que el resto habría sido justificado mediante maniobras fraudulentas.
Red de funcionarios implicados
Junto al mandatario local, son investigados: Roberto Bayron Tipton Caicedo, secretario de Hacienda, Francisco Calvo Romaña, jefe de Presupuesto, Wilmer Enrique Romaña Vargas, auxiliar administrativo, Jair García Rodríguez, coordinador de la Oficina de Riesgo, Ariel Alejandro Moreno Ayala, recaudador de impuestos.
Fraccionamiento de contratos y facturas falsas
Las pesquisas de la Fiscalía señalan que la contratación de la logística electoral no contó con un proceso contractual planificado. Se acusa al alcalde Moreno Mena, en su calidad de ordenador del gasto, de haber dividido el objeto contractual en varias resoluciones para evitar la selección objetiva con pluralidad de oferentes y justificar giros directos. Además, la necesidad presupuestal no fue incluida en el plan de adquisiciones a pesar de que la fecha de las elecciones era conocida desde 2025.
Para respaldar los supuestos gastos, se habrían presentado:
Cuentas de cobro con facturas fraudulentas por concepto de almuerzos, algunas de ellas sin fecha.
Soportes de suministro de combustible expedidos con posterioridad a la jornada electoral o con costos superiores a los del mercado.
Constancias para simular supuestos pagos elevados de viáticos a jurados de votación.
Imputación de cargos
Un fiscal adscrito a la Seccional Chocó de Administración Pública imputó a los seis implicados los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados. Su situación jurídica se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, manteniéndose la presunción de inocencia correspondiente.
