Quibdó, Chocó, 2 de noviembre de 2026 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas avanza en la articulación con la Alcaldía de Nuquí para consolidar el censo de la población desplazada de Villa Nueva, con el propósito de identificar a las personas y familias afectadas y determinar sus necesidades de atención.
Asimismo, se encuentra a la espera de los resultados del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), convocado para el 3 de noviembre, en el que se definirán la modalidad y la logística para la entrega de las ayudas humanitarias, a partir de la información consolidada por las entidades competentes.
“Nuestra prioridad es atender a las familias desplazadas y contribuir a la garantía de sus derechos. Por eso avanzamos, junto con la Alcaldía, en la identificación de la población afectada y, de manera paralela, en la preparación de las ayudas humanitarias y la organización de su transporte.
Esta respuesta debe construirse con las autoridades indígenas y responder a las necesidades de las comunidades”, indicó Jensy Osorio Porras, directora general de la Unidad para las Víctimas.
El CTJT es una instancia de coordinación, articulación y seguimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado en el ámbito territorial. Constituye un espacio de concertación y toma de decisiones orientado a identificar necesidades, definir acciones y establecer compromisos institucionales para garantizar los derechos de las víctimas. En este escenario se adoptan decisiones y se coordinan respuestas institucionales frente a situaciones humanitarias y de riesgo que afectan a la población víctima.
A partir del reporte final de las entidades y de las decisiones adoptadas en este Comité, la Unidad definirá la modalidad y la logística para la entrega de sus ayudas humanitarias, de acuerdo con las necesidades identificadas.
La Defensoría del Pueblo reportó inicialmente el desplazamiento de cerca de 500 personas indígenas de Villa Nueva el pasado 1 de noviembre, ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. Esta cifra es preliminar y deberá contrastarse con el censo municipal.
Además de la asistencia material, la respuesta integral debe contemplar el acompañamiento psicosocial y el acceso a los servicios de salud, en articulación con las entidades competentes. Estas medidas deben considerar las necesidades de las niñas, los niños, las mujeres y las personas mayores, con respeto por la autonomía y las prácticas culturales de las comunidades indígenas.
Como antecedente, durante 2026 la Unidad registra atención por confinamiento para más de 770 familias, integradas por más de 2.000 personas de comunidades indígenas y de la comunidad afrodescendiente de Tribugá. Este balance corresponde a intervenciones anteriores y es independiente de la respuesta al nuevo desplazamiento.
Con estas gestiones, la Unidad para las Víctimas prioriza la atención de la emergencia en Nuquí y concentra sus esfuerzos en brindar una respuesta oportuna, digna y con enfoque étnico y diferencial. Su actuación, articulada con las autoridades competentes, busca contribuir a la garantía efectiva de los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.
