Continúan las alertas por parte de los pueblos Indígenas del Chocó ante la grave situación humanitaria que padecen.

Pueblos Indígenas Embara Dóbida, Chamí, Katío, Wounnan, Zenu y Tule del departamento del Chocó, y las organizaciones y asociaciones del Urabá chocoano, somos víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de los actores armados que han invadido nuestros territorios y de la indiferencia e inoperancia del Estado colombiano.

A pesar de que el Estado colombiano reconoció que nos encontrábamos en grave riesgo de exterminio físico y cultural con ocasión del conflicto armado desde el año 2009, y a pesar de la existencia del Acuerdo Final de Paz, en el que reina el principio de la centralidad de las víctimas, no se han tomado las acciones y medidas necesarias para subvertir esta situación, por el contrario, en muchas ocasiones las medidas han incrementado nuestros riesgos y al día de hoy las circunstancias son peores.

Por lo anterior, en el marco del Encuentro de los Pueblos indígenas fronterizos del Bajo Atrato Chocó y despedida de ‘Aquileíto

 Mecheche’, denunciamos la grave crisis humanitario que sufrimos y planteamos las correspondientes exigencias a las entidades responsables.

Denunciamos:

1. Sufrimos la invasión de nuestros territorios por parte de los grupos armados. Estamos obligados a convivir permanentemente con la militarización y hasta que los actores armados no se vayan del todo, vamos a seguir siendo víctimas, pues esta es una de las raíces de nuestros padecimientos.

2. Esta invasión al territorio se expresa igualmente en la invasión a nuestra autonomía, gobierno propio y en el irrespeto por nuestro sistema de justicia propio. Los actores armados interfieren con el ejercicio pleno de estos derechos fundamentales para nuestra pervivencia física y cultural e introducen de manera forzada sus formas violentas de tramitar los conflictos.

3. Vivimos permanentemente en una situación de confinamiento y riesgo de desplazamiento. En muchas comunidades existen fuertes límites a la libre circulación, el temor impide que sea posible transitar después de las cinco de la tarde, incluso hay comunidades en donde no es posible desplazarnos para salvaguardar nuestra vida, pues los actores armados nos lo impiden, dado que nuestra presencia les permite tomar nuestros territorios y a nuestras comunidades como escudo y como medio para llevar a cabo sus intereses económicos.

4. Diferentes intereses económicos, tanto legales como ilegales, presionan nuestros territorios. De un lado, hay proyectos cacaoteros, bananeros y ganaderos, y de otro lado, el negocio del narcotráfico ha crecido de forma desmedida. Lo anterior, hace que se incrementen también los controles sobre las rutas y la población, al punto que los actores buscan ejercer presión para que las comunidades hagan parte de estas actividades y así garantizar su silencio.

5. Los actores armados han sembrado minas antipersona en nuestros territorios interfiriendo con nuestras actividades propias de caza, siembra y pesca, agravando la crisis alimentaria y de salud, y causando graves afectaciones psicológicas y físicas.

6. Se han incrementado escandalosamente los casos de reclutamiento forzado y sus estrategias, contra los integrantes de nuestras comunidades, especialmente los jóvenes, violando así las normas del Derecho Internacional Humanitarios. Lo más preocupante es que cuando logramos recuperar a los jóvenes, los actores armados amenazan con matarlos por haber pertenecido a otros grupos.

7. Existe una estrategia de silenciamiento, nos prohíben denunciar y hacer pública la grave situación en la que nos encontramos. Hay una estrategia de miedo y de asesinatos múltiples para causar zozobra en nuestras autoridades y líderes, y así obligarlos a guardar silencio sobre la presencia de los actores armados en nuestros territorios y sus diferentes acciones.

8. A las acciones de los grupos armados ilegales se suman la actitud omisiva, complicidad y aquiescencia de la fuerza pública que debería garantizar nuestros derechos humanos y fundamentales, junto con la débil presencia institucional que hacen parte de un Estado Social de Derecho para garantizar el goce efectivo de nuestros derechos. De hecho, al ser la fuerza pública la única que hace presencia, agrava nuestro riesgo porque los actores armados en desacuerdo, nos acusan de ser quienes los llevan.

9. De hecho, esta falta de presencia institucional hemos buscado conjurarla a través de múltiples acuerdos, como sucedió en el año 2017 y la minga de 2018, o a través de las órdenes dadas por las altas cortes, sin embargo, su nivel de cumplimiento es exiguo.

10. La institucionalidad, en lugar de tomar medidas pertinentes para atender nuestra situación de emergencia, ha abordado los problemas aumentando nuestro riesgo. Tal como lo ha hecho la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, al interpretar las medidas de protección como medidas de militarización.

11. En muchas partes del departamento de Chocó, los procesos de restitución de tierras en favor de los derechos territoriales de los Pueblo Indígenas están generando amenazas en su contra.

Planteamientos y exigencias:

Al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y a la institucionalidad responsable, exigimos y manifestamos:

1. Que nuestros territorios, en el departamento del Chocó sean denominados y tratados como territorios de paz y se tomen las medidas necesarias para ello.

2. Que se cumpla el Acuerdo Final de Paz y su efectiva implementación, para lo cual se debe tener en cuenta el papel de la inversión social en la construcción de paz, por encima de la estrategia militar.

3. Que se retomen los diálogos de paz con el grupo armado ELN y se tomen las medidas necesarias para la desarticulación de los grupos paramilitares, para liberar nuestros territorios de su accionar.

4. Que se tomen las medidas necesarias, en oportunidades de educación y trabajo, para crear las condiciones que permitan rescatar efectivamente a nuestros jóvenes del reclutamiento forzado y evitar las represalias provenientes de los actores armados, que los convierte en sujetos de ataque militar.

5. Que la Unidad Nacional de Protección atienda los requerimientos de protección que en el marco de la emergencia que hoy vivimos, se han presentado, con medidas del mismo carácter, esto es, de emergencia, para garantizar las medidas de protección de urgencia para los líderes señalados en la lista entregada nuevamente en Quibdó el paso 02 de mayo en el CERREM departamental e implementar las rutas de protección colectiva, igualmente con carácter urgente. Lo anterior, teniendo en cuenta la arremetida que se puede presentar tras el encuentro realizado durante estos dos días en Riosucio, Chocó.

6. Hacemos responsable al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad Nacional de Protección, de las represalias que en contra nuestra tomen los actores armados tras el presente encuentro, más aun teniendo en cuenta la negligencia y omisión que ha caracterizado su proceder ante la grave situación humanitaria que afrontamos y las diferentes solicitudes elevadas.

7. Adoptar las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida de nuestras autoridades y líderes, mediante el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de las altas cortes.

8. Que el Gobierno Nacional y la institucionalidad responsable se comprometa a invertir en las comunidades y en el fortalecimiento de su autonomía y gobierno propio para afrontar los efectos nefastos del conflicto armado.

9. Que se fortalezcan nuestros mecanismos propios para la protección de la vida y el territorio, tales como la guardia indígena.

10. Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se posible afectar un presupuesto fijo para esta región, de tal manera que las propuestas tengan condiciones de materializarse.

11. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los recursos destinados para las comunidades indígenas a través de las gobernaciones y alcaldías, lleguen efectivamente a sus destinatarios y así generar las condiciones para la construcción de una paz estable y duradera.

12. Al Senado de la República, solicitamos que a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz, se adelante una audiencia conjunta para abordar y visibilizar la problemática en los territorios indígenas del departamento del Chocó.

A los actores armados exigimos y manifestamos:

1. Que abandonen nuestros territorios, nos reafirmamos en que nos aferramos a nuestras raíces y a nuestro territorio. Nosotros somos dueños de nuestros territorios y no hacemos parte de esta guerra, solo defendemos nuestra vida y autonomía.

2. Que nuestros jóvenes y comunidades no sean forzados a hacer parte del conflicto armado, o a involucrarse de alguna manera, ni nos usen como informantes.

3. Que respeten la vida de nuestras autoridades, líderes y comunidades y con ello, nuestra autonomía y procesos de resistencia como constructores históricos de paz y defensores de nuestra vida y territorios.

4. Que respeten el Derecho Internacional Humanitario.

5. Que no se involucren en nuestros conflictos internos ni en los conflictos interétnicos.

6. Que retiren las minas antipersona de nuestros territorios.

A los organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos solicitamos:

1. Que en el marco de sus actividades misionales realicen el acompañamiento a las autoridades, líderes, comunidades y organizaciones indígenas y el monitoreo correspondiente sobre la situación de derechos humanos que sufren las comunidades en el departamento del Chocó, así como las correspondientes visitas de verificación y elaboración de informes sobre nuestra situación.

2. Que la ONU, ante los graves eventos de violación de derechos humanos, se desplacen de manera urgente a nuestros territorios para realizar las visitas de verificación y acompañamiento, de tal manera que sea posible atender las emergencias de manera efectiva.

3. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se otorguen medidas cautelares en favor de los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó, que a través del enfoque indígena permitan superar esta grave crisis humanitaria que afrontamos.

A las organizaciones indígenas de orden nacional:

1. Solicitamos contar con su acompañamiento para nuestro fortalecimiento organizativo, el de nuestros sistemas de justicia propia, nuestra autonomía y gobierno propio y la unidad.

2. Solicitamos su apoyo para la realización de un encuentro entre organizaciones del departamento del Chocó para fortalecer nuestra unidad.

Por lo anterior, realizaremos un Congreso de todas las autoridades, líderes, comunidades y organizaciones indígenas del Carmen del Darien, Riosucio, Unguía y Acandí, con el fin de fortalecer la unidad y nuestra autonomía política como fundamentos de la paz territorial, para lo cual requerimos el apoyo de las instituciones y de la cooperación internacional.

Por último, señalamos de manera general, respecto de los planteamientos y exigencias antes descritos, que deben ser interpretados en el marco de la urgencia y la emergencia, dada la gravedad de los hechos victimizantes que hemos sufrido y el riesgo en el que nos encontramos.

Esto implica la necesidad de que la institucionalidad actúe por fuera de los requisitos y temporalidades que ordinariamente impone la ley nacional y atienda de forma inmediata nuestras solicitudes para conjurar los riesgos actuales.

Higinio Obispo González – Consejero Secretario General ONIC:

Aida Quilcué Vivas – Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC:

Comunicaciones ASOREWA:

Comunica – ONIC: