La representante a la Cámara por el Chocó busca cambiar el destino de retroexcavadoras, bulldóceres, dragas y otros equipos incautados o decomisados, para que puedan ser utilizados en obras públicas, recuperación de vías y atención de emergencias.
Bogotá D. C., 9 de septiembre de 2026 || Una iniciativa que podría tener especial impacto en territorios históricamente afectados por el abandono estatal, las dificultades de conectividad y las emergencias naturales fue radicada este miércoles por la representante a la Cámara por el Chocó, Astrid Sánchez Montes de Oca.
La congresista presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico para que maquinaria pesada incautada o decomisada por las autoridades pueda ser transferida gratuitamente a municipios que demuestren la necesidad de estos equipos, especialmente aquellos priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y territorios afectados por emergencias o calamidades públicas.
La propuesta plantea un cambio en el manejo de estos bienes. En lugar de que maquinaria que permanece inmovilizada termine abandonada o sea destruida, se busca que pueda convertirse en una herramienta para atender las necesidades de las comunidades, mediante su utilización en la recuperación y construcción de vías, obras de infraestructura, actividades agrícolas, gestión del riesgo y atención de emergencias.
“No podemos seguir permitiendo que maquinaria que puede servir para transformar la vida de las comunidades termine abandonada o destruida”, señaló la representante Astrid Sánchez Montes de Oca.
Una propuesta con mirada hacia los territorios
El proyecto contempla procedimientos diferenciados para la maquinaria que se encuentra bajo control de la DIAN y aquella decomisada en operaciones contra la minería ilegal.
En el caso de los bienes bajo control de la DIAN, los municipios interesados deberán presentar un plan de utilización, mientras que la entidad priorizaría las solicitudes teniendo en cuenta criterios como urgencia e impacto, con especial atención a territorios afectados por emergencias.
Para la maquinaria decomisada en actividades de minería ilegal, la iniciativa propone que, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes, pueda ser puesta a disposición para su eventual utilización en proyectos de interés público, en lugar de proceder directamente a su destrucción.
La propuesta también establece mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas para garantizar que los equipos sean utilizados exclusivamente para los fines autorizados. Los municipios beneficiarios deberán implementar controles internos, presentar informes periódicos y rendir cuentas sobre la destinación de la maquinaria, además de contemplarse auditorías externas y seguimiento interinstitucional.
Chocó, uno de los territorios que podría beneficiarse
Para el departamento del Chocó, donde las dificultades de movilidad y la limitada disponibilidad de maquinaria representan un obstáculo permanente para la atención de emergencias y el mantenimiento de vías rurales, la iniciativa adquiere particular relevancia.
La propuesta de Sánchez Montes de Oca contempla como potenciales beneficiarios a 170 municipios priorizados en los PDET y 344 municipios clasificados como ZOMAC, además de otros territorios afectados por desastres naturales o declaratorias de calamidad pública.
“Una máquina que hoy está inmovilizada puede mañana ayudar a recuperar una carretera, atender una emergencia o impulsar una obra que una comunidad está esperando”, manifestó la congresista.
La iniciativa plantea, en esencia, que bienes que actualmente pueden representar un problema de almacenamiento para el Estado sean convertidos en activos al servicio de las comunidades, bajo reglas de transparencia, control y destinación pública.
“Que los bienes se conviertan en oportunidades”
Astrid Sánchez destacó que el proyecto busca articular tres objetivos: desarrollo territorial, protección del medio ambiente y optimización de los recursos del Estado.
La representante sostuvo que el propósito es que los municipios con mayores necesidades puedan contar con herramientas para responder de manera más rápida a sus problemáticas, particularmente en materia de infraestructura, vías y atención de emergencias.
“Queremos que los bienes que hoy representan un problema de almacenamiento o que terminan destruidos puedan convertirse en una oportunidad para los municipios más afectados por la pobreza, el conflicto y las emergencias”, concluyó la autora de la iniciativa.
La propuesta deberá surtir ahora el trámite legislativo correspondiente en el Congreso de la República. Por ahora se trata de un proyecto de ley radicado, no de una norma aprobada, por lo que su eventual aplicación dependerá del debate y aprobación en las distintas instancias legislativas.
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