La Gobernación del Chocó alertó sobre el confinamiento ilegal de 6.047 personas pertenecientes a 16 comunidades afros y 10 indígenas en el municipio del Bajo Baudó, tras el anuncio de un constreñimiento armado indefinido por parte del ELN.
Según el comunicado, la Armada Nacional de Colombia ha reforzado la seguridad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, donde en las últimas horas se han registrado combates con este grupo armado.
Las autoridades también reportaron recientes ataques contra la población civil y la estación de Policía en Santa Rita de Iró, mediante el uso de drones y granadas. Estos hechos se suman a al menos cinco acciones violentas en lo corrido del año en ese municipio, así como a incidentes similares en Sipí, Guarato y San José del Palmar.
Durante un consejo de seguridad liderado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, se solicitó el refuerzo de la Fuerza Pública, acompañamiento permanente a las comunidades y la entrega de ayudas humanitarias. Además, se anunció una inversión superior a 13 mil millones de pesos en infraestructura vial, especialmente en accesos hacia el municipio de Río Iró.
Finalmente, la Gobernación rechazó estos hechos violentos, señalando que desde 2023 se han registrado al menos 12 episodios de constreñimiento armado en el departamento, lo que continúa afectando gravemente los derechos humanos y la vida cotidiana de las comunidades del Chocó.
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