La Contraloría revela millonarios recursos de regalías sin trazabilidad en becas. Hallazgos abren dudas sobre control, ejecución y destino final.
Un nuevo hallazgo de la Contraloría General de la República vuelve a poner bajo escrutinio el uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR). El ente de control detectó irregularidades fiscales por más de $69.000 millones en dos proyectos de becas en el Chocó y Magdalena, en los que no existen soportes, listados de beneficiarios ni evidencia verificable de ejecución.
El organismo concluyó que los recursos girados no pueden ser trazados ni asociados a resultados concretos, pese a que los proyectos tenían como objetivo fortalecer el capital humano mediante formación de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación.
La investigación, revelada este 21 de abril, se centra en dos iniciativas clave financiadas con regalías. Se trata de los proyectos “Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Magdalena, Caribe” y “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente”, cuyos recursos ya fueron desembolsados.
Según la Contraloría, “la ejecución de los proyectos no logró materializar su finalidad y no cuenta con soportes que permitan demostrar su correcta ejecución”. Esta afirmación resume la gravedad de los hallazgos: no hay evidencia de que las becas hayan beneficiado a estudiantes o producido resultados académicos.
Uno de los puntos más críticos identificados por el órgano de control es la debilidad institucional en los mecanismos de supervisión. El equipo auditor calificó los sistemas de control interno como “inadecuados”, tras evidenciar la ausencia de auditorías, la exclusión de los recursos de regalías de procesos de seguimiento y la falta de controles formales en la gestión de los proyectos.
Adicionalmente, no se encontraron “constancias de estudio, listados de beneficiarios, soportes de los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución”, lo que impidió verificar el uso efectivo de los recursos públicos.
Estas fallas reflejan problemas estructurales en la administración de proyectos de largo plazo, particularmente aquellos que atraviesan varias administraciones departamentales. La Contraloría advierte que la falta de procesos estandarizados genera vacíos en la definición de responsabilidades y limita la trazabilidad de los recursos.
Caso Magdalena: recursos de regalías sin respaldo pese a alto avance financiero
En el Magdalena, el proyecto fue aprobado en julio de 2013 con un presupuesto inicial de $29.011 millones provenientes del SGR. De este total, se desembolsaron $28.210 millones, equivalentes a un avance financiero del 80,84 %.
No obstante, ni la Gobernación del Magdalena como ejecutora, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como operador, ni las universidades vinculadas lograron aportar documentación que respalde la ejecución del programa.
La Contraloría señala que no fue posible verificar beneficiarios, certificaciones académicas ni evidencias de los programas financiados, lo que impidió establecer una relación entre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos.
Caso del Chocó: mayores deficiencias y ausencia de productos académicos
El panorama en el Chocó resulta aún más complejo. El proyecto, aprobado en diciembre de 2012 con un presupuesto de $41.608 millones, presenta múltiples fallas críticas.
Entre ellas se destacan el incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados, la ausencia de productos académicos como tesis o publicaciones, y la inexistencia de evidencia sobre formación en segunda lengua.
También se identificaron fallas en la supervisión del proyecto, falta de expedientes oficiales y debilidades en el seguimiento de convenios y contratos. Incluso, la información no es oponible por parte de las entidades responsables, lo que limita cualquier proceso de verificación posterior .
Los hallazgos también evidencian incumplimientos en materia de transparencia. La información contractual no fue reportada adecuadamente en plataformas oficiales como SECOP, lo que restringe el seguimiento institucional y el control ciudadano.
Ante la magnitud de las irregularidades, la Contraloría iniciará las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades fiscales individuales. Además, los hallazgos fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
