Columna de Opinión.
Por: Alter Onesis Mosquera.
Como un hito por sus características y significado se calificó la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Esta sentencia fue emitida para garantizar la protección y conservación del afluente tras una tutela interpuesta en 2015 por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
Por donde se le mire es un fallo histórico que representa un desarrollo jurisprudencial novedoso para afrontar la problemática de la contaminación del río Atrato, que desarrolla el concepto de los derechos de la naturaleza.
En el mundo el reconocimiento legal y judicial se ha centrado especialmente en la declaratoria de ríos como sujetos de derecho, a partir de tres casos tan diversos como emblemáticos: Whanganui (Nueva Zelanda), Atrato (Colombia) y Ganges (India).
Al caso del río Whanganui se le ha prestado una importante atención mediática y académica luego de que el gobierno de Nueva Zelanda garantizara al río personalidad jurídica a través de una ley (marzo, 2017).
El segundo caso que ha sido ampliamente conocido es del río Atrato en Colombia, menos conocido es el caso de India: en, el Tribunal Estatal de Uttarakhand decidió reconocer al río Ganges personalidad legal para protegerlo de intensos procesos de contaminación industrial.
Estas decisiones judiciales fueron bien recibidas por parte de las comunidades y grupos académicos pero lo que preocupa ahora después de casi nueve años para el caso del rio Atrato es que tan eficaz ha sido el pronunciamiento de la Corte que determinó unas responsabilidades para el Estado y sus instituciones en procura de su conservación, restauración, mantenimiento y protección, pasado el tiempo hay más preguntas que respuestas, por ejemplo:
¿han servido los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, ha tenido algún resultado la implementación de los guardianes del rio y el panel de expertos?
¿Se han realizado estudios toxicológicos y epidemiológicos para determinar su grado de contaminación, se han descontaminado las fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas?,
¿Que se ha hecho para implementar un plan de seguridad alimentaria para las comunidades alrededor de sus afluentes?
¿Se ha controlado la minería ilegal causante en gran parte de su contaminación, es seguro consumir el pescado que se extrae de sus aguas?
Todas estas preguntas deben tener respuestas luego del fallo de la Corte Constitucional que trajo mucha esperanza a las comunidades por las estrategias que tendrían que desarrollarse para recuperar el rio Atrato, por donde ingresaban desde la costa atlántica los barcos de gran calado con mercancías y enseres aun cuando ha perdido su caudal, es el río más importante del Chocó, dado a que es una de las principales vías de comunicación del departamento, ha conectado el desarrollo comercial y social de las familias sirio-libanesas, es fundamental en la seguridad alimentaria para la región por sus peces, por el transporte de productos agrícolas, es vida para miles de personas que habitan en su zona de influencia siendo uno de los más caudalosos del país recorre unos 500 kilómetros entre los departamentos del Chocó y Antioquia.
