Fiscalía imputó a exfuncionarios de la gobernación de Chocó y a representantes de fundación por presuntas irregularidades de contratación de jornadas de prevención del Covid-19.

El material de prueba da cuenta de que fueron contratadas actividades educativas y publicitarias que no atendían las necesidades de salud en el departamento.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a tres exfuncionarios de la Gobernación de Chocó y a dos particulares por su presunta participación en irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid – 19.

Las anomalías se habrían presentado en el contrato 198 del 15 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $2.091.500.000 y contempló realizar jornadas de salud y orientación para mitigar el impacto del Covid – 19 en 27 municipios.

El citado contrato, al parecer, no atendía los verdaderos requerimientos de la población en salud pública y carecía de sustento sobre la necesidad y urgencia de suscribirse. Adicionalmente, se constató que, supuestamente, vulneró decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la pandemia.

De otra parte, fue seleccionada una fundación que no tendría la experiencia ni capacidad operativa y técnica para cumplir 11 ciclos de capacitación a 116 grupos indígenas, afrodescendientes y gitanos como fue contemplado.

Ante la oportuna intervención de los entes de vigilancia y control, las partes suscribieron un acta de liquidación previa a la fase de ejecución del contrato. Así, se evitó un posible detrimento patrimonial en el departamento por algo más de $756’000.000.

En ese sentido, la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación tentado.

Los procesados son: el exsecretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, las exfuncionarias de la Secretaria de Salud de Chocó, Miladys Mosquera Córdoba y Yineth Samira Palacios Moreno; y los representantes de la fundación contratada, Dally Karen Mosquera García y Efraín Kevin García Maturana. Los cargos formulados no fueron aceptados.