El Gobierno Nacional oficializó un recorte por $46.377 millones en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al departamento del Chocó, una decisión que impacta de forma directa la sostenibilidad financiera de la Gobernación y de sus municipios.
De ese total, $43.486 millones corresponden a las alcaldías y $2.891 millones a la Gobernación del Chocó. La reducción afecta de manera significativa a un territorio donde, en la mayoría de los municipios, el SGP representa más del 90 % de los ingresos con los que se cubren servicios básicos.
Según el informe técnico, el sector más golpeado es el de salud en el régimen subsidiado, que concentra el 52 % del recorte. Le siguen los recursos de propósito general, que incluyen gastos de funcionamiento, atención a población vulnerable y mantenimiento de vías, con el 26 %, y el sector de agua potable, con el 14 %. En la práctica, esto se traduce en menor capacidad operativa para hospitales, suspensión de proyectos de acueducto y dificultades para atender a los sectores con mayores necesidades.
Quibdó es el municipio más afectado, con una disminución de $6.142 millones, una cifra que agrava la situación social y fiscal que ya enfrenta la capital chocoana.
El propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que el recorte obedece a una menor recaudación fiscal durante 2025. Como consecuencia, cerca del 40 % del déficit fue trasladado a departamentos y municipios, en lugar de ser absorbido por el nivel central. Además, se advierte que este ajuste no será el único: en marzo de 2026 se anunciaría un nuevo recorte al SGP-Educación, que sería del 5,6 % frente a lo recibido en 2025, afectando directamente a colegios e instituciones educativas.
Frente a este escenario, el recorte aplicado en enero ya es irreversible y deberá reflejarse en el presupuesto de 2026 para evitar problemas de liquidez. Aunque podrían hacerse ajustes con los nuevos valores que rijan desde febrero del próximo año, el impacto ya está hecho.
Este panorama reabre el debate sobre la responsabilidad política en la planeación fiscal del país y la necesidad de que quienes aspiran al Congreso y a la Presidencia conozcan y asuman estos temas, cuyas decisiones se toman en el nivel central, pero cuyas consecuencias se sienten de manera directa en los territorios. La pregunta queda abierta: ¿se exige este conocimiento al momento de elegirlos?
