“Los pueblos indígenas no estorban”: Unidad para las Víctimas rechaza discursos discriminatorios contra la minga Emberá y hace un llamado a la corresponsabilidad.

La directora Lilia Solano rechazó las afirmaciones inexactas que estigmatizan la movilización desde el racismo y la aporofobia, y que vulneran los derechos de las comunidades indígenas.

El 98% de las personas que habitaron el Parque Nacional y que retornaron al Alto Andágueda y Risaralda se mantienen en sus territorios. A su vez, la entidad continúa garantizando el sostenimiento de las 56 familias que están en proceso de ser reubicadas, trabajo que requiere de corresponsabilidad.

Este jueves, la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano; el subdirector Ómar Fernández; el asesor Néstor Osuna, y otros directivos de la entidad, abordaron la situación de la minga Emberá que llegó esta semana a Bogotá. En el espacio, la Unidad reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, rechazando categóricamente los discursos de racismo y aporofobia que han surgido en torno a su movilización.

“Los pueblos indígenas no estorban, vienen a dialogar y debemos garantizarles sus derechos fundamentales”, afirmó Solano, destacando que estas comunidades han sido históricamente marginadas y enfrentan condiciones de pobreza extrema. La directora llamó a la reflexión sobre el manejo respetuoso y responsable de esta situación, y subrayó que los discursos discriminatorios solo perpetúan las desigualdades estructurales.

En su intervención, la directora Solano desmintió información inexacta que circula respecto al rol de la entidad en la minga y fue enfática en aclarar que desde la Unidad para las Víctimas “no financiamos la movilización de los pueblos indígenas hacia Bogotá” pues no es de la competencia de la entidad. De acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “nuestra tarea es garantizar derechos, ya sea a través del retorno, la reubicación o la integración”, señaló.

Por su parte, Ómar Fernández, subdirector de la Unidad, destacó los esfuerzos realizados para atender a las comunidades Emberá en Bogotá. Desde el pasado 8 de septiembre, cuando inició el proceso de retorno de la comunidad que habitó el Parque Nacional, la entidad ha garantizado ayudas a 56 familias Emberá (180 personas) que continúan en la ciudad, en tres albergues temporales en la capital. Los procesos de reubicación incluyen diálogo con comunidades receptoras, levantamiento de necesidades y concertación de territorios de reubicación. En ese contexto, Fernández aseveró que: “No es cierto que nosotros no nos hayamos reunido con la Alcaldía de Bogotá, nos reunimos el 17 de septiembre y el 29 de octubre para abordar precisamente estos procesos de retornos y reubicación”.

“Hemos garantizado condiciones dignas mientras avanzamos en procesos concertados de reubicación”, explicó, a la vez que desglosó las acciones realizadas en el marco de la corresponsabilidad: 271 hogares (660 personas) retornaron al Alto Andágueda y Risaralda en septiembre. De ellos, el 98% se mantienen su territorio, haciendo exitoso el retorno de quienes habitaron el Parque Nacional.

El subdirector subrayó que estos esfuerzos no solo son complejos, sino que requieren una planeación participativa: “Estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades legales, pero esto no puede ser una tarea aislada; requiere el compromiso de todas las entidades, tal como lo establece la Ley de Víctimas”.

Concertación y retorno voluntario: una tarea compleja.

Néstor Osuna, asesor de la Unidad para las Víctimas, destacó en su intervención que cualquier intento de retorno forzado sería un delito. “No se puede, perdónenme la expresión, empacar a los Emberá en buses y devolverlos. Eso es desplazamiento forzado y quien lo proponga está promoviendo un acto ilegal que además profundiza el racismo”, advirtió. Osuna explicó que los retornos y reubicaciones deben ser procesos voluntarios y concertados, que implican una adecuada preparación del territorio y el acompañamiento integral a las comunidades.

Además, hizo un llamado a la corresponsabilidad y al respeto por los derechos de los pueblos indígenas. “Los Emberá son tan colombianos como cualquier habitante de Bogotá. Gobernar no es lanzar acusaciones, sino buscar soluciones respetuosas y sostenibles para la integración”, aseguró, y alertó sobre el impacto social negativo que generan los discursos discriminatorios, que perpetúan estigmas y alimentan tensiones que dañan la convivencia pacífica.

La Unidad para las Víctimas reiteró su llamado a todas las entidades para trabajar de manera articulada en la solución de problemas estructurales que afectan a los pueblos indígenas. A su vez, reafirmó su compromiso de garantizar los derechos de las víctimas, cumplir con las responsabilidades legales y promover un enfoque de respeto, inclusión y dignidad para las comunidades indígenas.