El Ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, firmó los decretos 0019 y 0020 con los que se amplía la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 empleos y se redefine su estructura interna.
Aunque el Gobierno presenta la medida como una reorganización administrativa, el sindicato Analtraseg lanzó una alerta pública al advertir que los decretos contienen vacíos en los mecanismos de vinculación que podrían vulnerar derechos laborales de trabajadores con años de servicio en la entidad.
Según el sindicato, el punto más crítico no es únicamente laboral sino político y estructural: la legalización de cerca de 2.000 escoltas desmovilizados de las FARC, surgidos del Acuerdo de Paz, quienes pasarían a una planta global con derechos de carrera administrativa.
Analtraseg advierte que esta incorporación se estaría haciendo sin reglas claras ni criterios de equidad frente a escoltas tercerizados que llevan más de dos décadas prestando servicios continuos en el programa de protección, muchos de ellos sin estabilidad ni reconocimiento institucional.
Para el sindicato, la reestructuración crea una asimetría interna que privilegia a un grupo específico mientras mantiene en condiciones precarias a personal con amplia experiencia operativa en esquemas de alto riesgo, afectando la meritocracia y la confianza institucional.
La advertencia abre un nuevo flanco de cuestionamientos al manejo del empleo público en la UNP y al alcance real de los decretos firmados por el Ministerio del Interior, en un contexto donde la seguridad, la implementación del acuerdo de paz y la justicia laboral confluyen en un escenario altamente sensible.
