Noanamá, el poblado que quieren volver refugio humanitario en Chocó.

Con el fin de hacerle contención al desplazamiento en el Bajo San Juan, las comunidades piden ayuda del Gobierno Nacional y organizaciones para que al espacio puedan llegar quienes están siendo afectados por el conflicto armado en la zona.

Cada vez que aparece un helicóptero o de repente suena música o cualquier ruido estridente en el Bajo San Juan (Chocó), los habitantes de la zona entran en pánico. No es para menos, pues las confrontaciones entre integrantes del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) ya se dan dentro de las comunidades, y cuando eso pasa solo les queda huir.

Para las comunidades la historia se está repitiendo. Además de los enfrentamientos, que se han intensificado, en el último año la cotidianidad es el confinamiento, y tal como pasó entre 2000 y 2003, con la creación del bloque Pacífico, temen que sean nuevamente desplazadas comunidades completas, como ocurrió con el poblado de San Luis, que desapareció por el asesinato de uno de sus líderes y la consiguiente salida de todos sus habitantes.

“Ahorita estamos como en las eras de 94 o 2000, cuando se dio toda la arremetida paramilitar en el San Juan, y creemos que la única solución son las zonas humanitarias, por eso hemos partido en proyectar un refugio humanitario, para que las comunidades no se desplacen del territorio, porque ya tenemos la experiencia”, dijo Willigton Valoy Murillo, líder comunitario del San Juan.

Aunque suena sencilla, la propuesta es grande. Tras la visita que realizaron cabezas de la Iglesia católica a la zona, con el fin de visibilizar y registrar la crisis en Chocó, los habitantes del Bajo San Juan decidieron declarar como refugio humanitario el poblado de Noanamá, un caserío al que se puede acceder fácilmente desde el río San Juan.

“Creemos que ahorita la única opción que existe para permanecer en el territorio es tener un lugar cercano, porque no hay ningún tipo de garantías. El hecho de reunirse ya nos vuelve objetivo militar de los grupos armados y muchas veces, cuando nos desplazamos hacia Istmina, Buenaventura o Cali, se reducen las posibilidades para regresar. Por eso hemos pedido a los actores armados, primero, que se respete el espacio como humanitario; segundo, en la zona hay una base militar, como a dos kilómetros del poblado, sería imposible que dejaran a los armados actuar en la zona, y tercero, esperamos colaboración del Estado y del Gobierno”, resaltó Valoy.

Además de eso, en la zona hay un colegio y un puesto de salud, donde permanece la única enfermera del San Juan, por lo que se busca que puedan tener dotación de colchonetas, comida, medicinas y, en general, implementos para brindar la asistencia humanitaria. Pero no es lo único que les preocupa. “En pandemia hubo una desescolarización generalizada, porque los grupos armados ponían restricciones, así se cumplieran los protocolos de seguridad, y era muy seguido que dijeran que en 15 días no se mueve una lancha. Lo malo es que los profesores viven en las zonas urbanas y se desplazan a las comunidades a hacer su trabajo el fin de semana, por lo que no había clases. Ahora, por el recrudecimiento de la violencia, las familias se están desplazando a los cascos urbanos para que los niños estudien, pero no están al mismo nivel de los otros estudiantes”, aseguró Marlon Moreno, líder de Chocó.

A esto se le suma la alimentación. Por el confinamiento no solo se ha dificultado el acceso de comida a la zona, sino que además les han restringido actividades que antes eran tan comunes como pescar, por lo que hay muchos que solo dependen de la bolsa humanitaria de organizaciones como el Banco de Alimentos, que ha incrementado su entrega en los últimos meses.

Todo esto ha sido alertado por la Defensoría del Pueblo, ante el conflicto por el control territorial entre los grupos armados ilegales, así como por la Iglesia y organizaciones internacionales. Al respecto, el Ocha (Organización Naciones Unidas), ha resaltado las amenazas a los líderes del consejo comunitario Acadesan, así como incursiones armadas, secuestros, torturas y homicidios selectivos, que tan solo en enero de este año dejó más de 800 personas desplazadas y alrededor de 1.300 confinadas en el Medio San Juan, como consecuencia de la guerra entre los dos grupos armados, “que han buscado su expansión desde el norte del departamento (Urabá) hacia la subregión del San Juan ubicada al sur del departamento”, señaló el Ocha.

“Hoy no hay una atención. Les hemos pedido a los actores armados no entrar, sino que además quiten los famosos puntos donde tienen el control de quién y a dónde se mueve. Por eso creemos que la única manera de garantizar la permanencia en el territorio es crear nuestros espacios humanitarios, pero desafortunadamente no nos han prestado atención y lo que están pasando son cosas preocupantes. Los personeros hacen las alertas y les toca salir porque no son escuchados, por eso creemos que en este momento el refugio es la única forma en que desde los territorios podemos resistir”, indicó Valoy.

Cortesía – El Espectador.