La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este 25 de marzo una resolución que reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de los pueblos africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia.
La resolución fue adoptada con 123 votos a favor, 3 en contra (Argentina, Israel y Estados Unidos) y 52 abstenciones, entre ellas la mayoría de países del llamado bloque occidental.
Impulsada por una coalición de 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, la iniciativa reconoce que este sistema de explotación, vigente durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y cuyas consecuencias siguen afectando a millones de personas en el mundo.
El texto señala que la esclavitud africana representa “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad” por su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y sus efectos actuales, que siguen estructurando la vida mediante regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital.
Además, subraya que fue “el primer régimen mundial” que codificó a seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua, convirtiendo la reproducción humana en un mecanismo de acumulación de capital e institucionalizando la jerarquía racial como base del orden político y económico internacional.
La resolución establece que los Estados son responsables y deben reparar íntegramente, por lo que exhorta a un diálogo en materia de justicia reparadora que incluya:
Una disculpa plena y formal
Medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción
Garantías de no repetición
Modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación sistémica
También reconoce que las mujeres y niñas africanas fueron sometidas a violencia sexual, reproducción forzada y explotación específica por razón de género.
Finalmente, destaca la resistencia de los pueblos africanos y afrodescendientes, incluyendo tradiciones abolicionistas, luchas armadas y el uso de mecanismos legales para reivindicar derechos y dignidad.
