La Personería Municipal de Valparaíso, Antioquia, emitió una alerta a distintas autoridades nacionales por la grave crisis que enfrentan los afiliados a la Nueva EPS en ese municipio, situación que estaría generando la interrupción de tratamientos médicos y vulneración de derechos fundamentales.
Mediante un oficio dirigido a entidades como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el personero municipal solicitó acciones urgentes y una articulación interinstitucional para garantizar la atención en salud de los usuarios afectados.
De acuerdo con el documento, en Valparaíso hay 1.383 afiliados a Nueva EPS, de los cuales 1.046 pertenecen al régimen contributivo y 337 al subsidiado. Sin embargo, actualmente solo estarían recibiendo servicios de primer nivel, mientras que la atención especializada, procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos se han visto seriamente afectados por la falta de contratos con hospitales y dispensadores farmacéuticos.
La Personería advierte que varios prestadores de servicios de salud no están agendando citas ni procedimientos debido a la ausencia de convenios vigentes o por deudas de la EPS. Asimismo, denunció que muchos pacientes deben esperar semanas o meses por medicamentos, viajar hasta Medellín para reclamarlos o, en algunos casos, simplemente no reciben los tratamientos prescritos.
El documento también señala que, pese a la interposición de acciones de tutela para proteger el derecho a la salud de los usuarios, la EPS no estaría cumpliendo los fallos judiciales ni respondiendo a los incidentes de desacato, lo que ha agravado la situación de varios pacientes, incluidos menores de edad con enfermedades complejas.
Entre los casos mencionados se encuentran niños con diagnósticos como diabetes insulinodependiente, apnea del sueño, pubertad precoz y asma, así como pacientes que requieren tratamientos especializados o intervenciones médicas urgentes y que, según la Personería, no han recibido atención oportuna.
Ante este panorama, el Ministerio Público local solicitó la convocatoria urgente de una mesa de trabajo entre las entidades competentes para adoptar medidas inmediatas que permitan garantizar el derecho a la salud, la vida y la seguridad social de los afiliados afectados.
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