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Prende motores el panel de expertos que le hará seguimiento al fallo del río Atrato.

La Procuraduría informó que ya eligió a los encargados de seguir con lupa la sentencia que le dio derechos al afluente chocoano. El próximo 31 de octubre harán su primera reunión. En una sentencia sin precedentes en el país, la Corte Constitucional le dio derechos al río Atrato, un río plagado de actores armados, y […]

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La Procuraduría informó que ya eligió a los encargados de seguir con lupa la sentencia que le dio derechos al afluente chocoano. El próximo 31 de octubre harán su primera reunión.

En una sentencia sin precedentes en el país, la Corte Constitucional le dio derechos al río Atrato, un río plagado de actores armados, y de mineros ilegales que dé a pocos lo están matando.

Además, la gente y animales que dependen de él estaban muriendo a su lado: la sentencia citó a un estudio que le hicieron a 160 personas de la cuenca del río Atrato y sus afluentes (río Quito) que descubrió que en sus cuerpos, “el nivel de mercurio es de 60 puntos por millón, cuando el promedio mínimo mundial considerado aceptable es de 0,5 puntos por millón”. (Lea también: “Si seguimos así, en 50 años el Chocó será un desierto”: exmagistrado Jorge Iván Palacio)

Con semejante panorama enfrente, la Corte ordenó tomar una serie de medidas para proteger y restaurar el Atrato y, además, cuidar la vida de los seres vivos que dependen de él. (Lea también: ¡Que alguien salve el Atrato!)

La primera gran orden era que debían nombrarse quiénes serían “los guardianes del Atrato”, es decir, los representantes legales del río; la segunda, que debía conformarse un panel de expertos que le hiciera seguimiento a la sentencia; y la tercera, que el Ministerio de Ambiente pusiera en marcha un plan para descontaminar las fuentes hídricas chocoanas en el año siguiente a la publicación del fallo.

El pasado 9 de octubre, según informó la Procuraduría, ya se dio cumplimiento a las dos primeras órdenes. El ente de control informó que “los guardianes del río serán el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como delegado del Gobierno y una comisión interétnica compuesta por 14 personas (7 mujeres y 7 hombres), perteneciente a siete organizaciones de la región, desde el Carmen de Atrato hasta la zona de desembocadura”.

Esto, con el objetivo de que todas las comunidades –mestizos, indígenas y afros– que cohabitan este corredor hídrico se vean representadas.

Respecto al panel de expertos, la Procuraduría informó que sus representantes discurren por orillas diversas: desde académicos y profesores universitarios, pasa por representantes de organizaciones sociales y llega hasta funcionarios de gobierno.

Entre las figuras más destacadas están “la abogada líder de Tierra Digna, Ximena González; el coordinador de la política minera de WWF Colombia, Mauricio Cabrera; los directores del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste, del Consultorio Ambiental de la Universidad Libre, Pablo Emilio Bonilla, del Instituto de Investigaciones del Pacífico IIAP, William Klinger y del IDEAM, Omar Franco”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Otros integrantes que se sentarán a la mesa son el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Ernesto Montenegro, la oficial Nacional para Asuntos Étnicos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Libia Grueso, entre otros.

Según el ente de control, la próxima reunión del panel y de los guardianes se realizará el próximo 31 de octubre y allí definirán quién será quien a la hora de seguirle la pista a la sentencia. “Se acordarán las reglas de funcionamiento, el cronograma, rutas de trabajo y los roles que ejercerá cada uno de los miembros”, dijo la Procuraduría que, por su parte, es la encargada de proporcionar toda la infraestructura necesaria para que el panel avance sin tropiezos.

Fuente – El Espectador Noticias.

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