La comunidad denuncia que los menores de edad están en la posición de mayor riesgo, pues son víctimas de reclutamiento forzado y distintos tipos de violencia.
El Ministerio Público requirió tomar medidas administrativas con enfoque diferencial para garantizar, proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de esta comunidad.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a distintas entidades del Gobierno nacional, regional y local atender con prontitud la grave crisis humanitaria y social que enfrenta la comunidad indígena de Geandó, desplazada desde hace cuatro años, y actualmente asentada en la Casa Humanitaria del municipio del Bajo Baudó Pizarro, Chocó.
Según la denuncia de la comunidad, la situación más alarmante se está presentando entre los niños, niñas y adolescentes, dado que están expuestos a situaciones de algo riesgo como reclutamiento forzado y diferentes tipos de violencia.
Para la Procuraduría, la salud y nutrición también son temas críticos, que afectan a este grupo étnico desplazado, pues debido a la falta de alimentación adecuada han fallecido, en los últimos meses, dos menores de cinco años y una adulta mayor, informó la comunidad.
En tal sentido, y teniendo en cuenta que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección, así como de medidas de prevención ordenadas por la Corte Constitucional, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó la intervención inmediata de las entidades del orden nacional, regional y local.
El Ministerio Público requirió a las autoridades tomar medidas administrativas con enfoque diferencial para garantizar, proteger y salvaguardar a la comunidad indígena de Geandó, los derechos fundamentales a una vida digna, libertad, integridad y seguridad.
La solicitud fue realizada a los Ministerios del Interior, Defensa y Salud; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Chocó, y la Alcaldía Municipal del Bajo Baudó.
