Seis complejos para producción de minería ilegal son destruidos en el Chocó.

En una acción conjunta, coordinada e intera-gencial liderada por la Brigada Contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional, se puso fin a la producción de seis complejos que eran utilizados para extraer minerales de forma ilícita, como oro, en el Chocó.

Luego de un planeamiento milimétricamente calculado entre el Ejército Nacional, Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, instituciones medioambientales locales y nacionales, y gracias a la información de inteligencia militar, se logra tener la ubicación exacta de seis unidades de producción de minería ilegal, complejos en los que se encontraban elementos como dragas tipo dragón y excavadoras empleadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, en especial de oro, en área general del municipio de Río Quito, sector San Isidro – Villa Contó del departamento del Chocó.

Mediante la neutralización de las seis unidades de producción minera, realizada por la Fuerza Pública, se logró la destrucción e inutilización de cuatro dragas tipo dragón, dos excavadoras y un motor, elementos usados para extraer oro desde el fondo del río Quito para luego ser comercializado ilegalmente de manera local, nacional e internacional, logrando afectar las finanzas del principal grupo ilegal dinamizador de esta mala práctica, el Clan del Golfo, dejando de percibir cerca de $750 millones mensuales.

Además, con esta gran operación se logra una reducción del impacto ambiental en 25 hectáreas de terreno, con un costo aproximado de recuperación del daño de $2.500’000.000 ocasionado por la explotación ilícita de yacimientos mineros, cumpliendo así la Sentencia T- 622 de la Corte Suprema de Justicia en protección del Río Atrato, siendo uno de sus afluentes el Río Quito, lugar en donde se destruyeron estas unidades de producción minera ilegal.

De esta manera, con el trabajo del Ejército Nacional de manera coordinada y conjunta con las demás Fuerzas e instituciones del Estado, se frena la afectación a los afluentes hídricos por el uso indiscriminado de maquinaria pesada que destruye los ecosistemas sólo para obtener oro, mineral que siendo extraído de esa manera es causal de violencia y alteraciones a la seguridad pública llevando pobreza y miseria en las comunidades que son instrumentalizadas para esta actividad ilícita.