Varios de los miembros de su campaña a la alcaldía también fueron judicializados por presunta compra de votos.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Murindó (Antioquia) impuso medida de aseguramiento intramuros contra el actual alcalde de esa población, Nafel Palacios Lozano, por el delito de corrupción al sufragante.
Con la misma decisión fueron afectados el comerciante Orleyder Cabrera Palacios y el líder indígena y ex concejal del municipio Wilson Saitamo Cabrera.
El despacho judicial también impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Manuel Francisco Bertel Zapata, Andrés Felipe Sierra Bertel y Gilberto Bailarín Sinigui.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, durante las elecciones del 27 de octubre de 2019, el entonces candidato Palacios Lozano y su equipo de campaña habrían pagado la suma de 100 mil pesos por voto a su favor.
Se evidenció además que el 9 de septiembre del mismo año, el procesado le pagó 300 mil pesos a una mujer del pueblo para que votara por él.
La defensa del alcalde apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Promiscuos del Circuito.
El mandatario municipal fue capturado inicialmente el jueves 17 de septiembre, dentro de otra investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la construcción de andenes. Sin embargo, el martes 22, el juez ordenó su libertad tras considerar que no existía inferencia razonable de autoría o participación. El fallo fue apelado por la Fiscalía.
El mismo 22 de septiembre, Palacios Lozano fue recapturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para que respondiera por esta otra presunta conducta delictiva relacionada con su elección.
Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, “En la calle y en los territorios”, en la lucha contra la corrupción.
