Un tribunal de arbitramento ordenó a Minera El Roble S.A. pagar más de $119 mil millones de pesos en regalías adeudadas por la explotación de cobre en el Departamento del Chocó.
Minera El Roble S.A. tiene cinco días para efectuar el pago, de lo contrario deberá asumir intereses de mora.
Judicial, Bogotá D.C., 11 de marzo de 2025 || Gracias al trabajo coordinado entre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Agencia Nacional de Minería, un tribunal de arbitramento que se llevó a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, logró que se ordenara a la Minera El Roble S.A., única mina de cobre del país, el pago de $119.984 millones de pesos por concepto de regalías adeudadas por la explotación en el Departamento del Chocó, tras un litigio jurídico de más de dos años
El conflicto se originó en la interpretación del contrato de concesión minera No. 9319, firmado en 1987, antes de la Constitución de 1991. Minera El Roble S.A. argumentaba que no estaba obligada a pagar regalías conforme a la nueva legislación. Sin embargo, el Tribunal determinó que la Constitución y la Ley 141 de 1994 establecen que el pago de regalías es obligatorio sin importar el volumen de producción.
El caso cobró relevancia en 2014 cuando Atico Mining Co., firma canadiense que compró la mina, incrementó su producción por encima de las 100.000 toneladas anuales, lo que activó la obligación de pagar regalías. A pesar de esto, la empresa no cumplió con sus obligaciones, lo que llevó a la intervención del Estado para exigir el pago.
“Esta decisión es un paso fundamental para la defensa del patrimonio del Departamento del Chocó y la garantía del cumplimiento de las obligaciones empresariales con el Estado”, destacó el Director de la Agencia, César Palomino Cortés.
Con este resultado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reafirma su compromiso con la protección de los recursos públicos, el respeto a la normatividad minera y la defensa de los intereses nacionales, asegurando que los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales sean gestionados en beneficio de la ciudadanía en los territorios, finalizó el Director.
