El Gobernador del Chocó debe ser restituido de inmediato en su cargo.

Por: Giovanni Agudelo Mancera – Columnista El Tiempo.

Desde el 23 de marzo pasado, día en el que el señor Gobernador del Chocó, doctor Ariel Palacios Calderón, fue injustamente cobijado por parte de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con medida de aseguramiento domiciliaria en el marco del proceso que se le adelanta por supuestas irregularidades en la celebración de “millonarios contratos” durante la pandemia, nuestro departamento está en el limbo administrativo y es necesario que el Gobernador sea ya puesto libre y restituido en su cargo. ¡No aguantamos más interinato!

Está más que probado que los testigos de la Fiscalía General de la Nación llevaron a declarar circunstancias sin poder probar que efectivamente la conducta que se le imputó al Gobernador del Chocó, (CONTRATO SIN CUMPLIMINENTO DE REQUISITOS LEGALES) fuera tal.

En manos del Tribunal Superior de Bogotá D.C, además, se encuentran varias pruebas que pueden corroborar que los hechos endilgados a Ariel Palacios Calderón, de haber ocurrido, no se encontraba dentro de la órbita de manejo y control como ordenador del gasto.

Retomemos los hechos que la Fiscalía llevó ante los estrados judiciales en contra del Gobernador del Chocó.

Resulta que para el año 2020 cuando el COVID19 llegó a Colombia y el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Sanitaria, también se declaró dicha emergencia en el Departamento del Chocó, como inicio de la pandemia que se desembocó y que ocasionó miles de muertes. (Decreto 081 del 20 de marzo de 2020).

En virtud de esa declaratoria de emergencia, como todos los ordenadores del gasto, se celebró el contrato 003 de abril 3 de 2020, con el objeto de adquirir elementos de bioseguridad, para hacer frente a la pandemia.

El objeto del contrato se cumplió y ante esta situación no hubo reproche alguno por los entes de control. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación consideró el delito de CONTRATO SIN CUMPLIMINENTO DE REQUISITOS LEGALES, atendiendo a unas cotizaciones que obran en la carpeta del contrato 003 de 2020 y unas certificaciones de experiencia del contratista que también están allí.

En su ardua, rápida y poco juiciosa investigación, la Fiscalía General de la Nación omitió realizar los estudios técnicos a los correos electrónicos, computadores, tomar declaraciones en su momento a los funcionarios que intervinieron en el curso del proceso contractual desde la etapa precontractual, entre ellos, el entonces Secretario de Salud del Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, quien presentó una hoja de ruta de lo que en verdad ocurrió con el contrato que tratan de hacer ver con inconsistencias atribuibles al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón.

Con su versión se logró llegar a un computador en poder y de propiedad de la empresa INTERMEDICAL CORP SAS, que luego de la experticia forense y con la confesión de la representante legal de la empresa contratista, una funcionaria adscrita a la secretaria de salud del departamento del Chocó, se pudo concluir del estudio técnico que las cotizaciones que tanto alude la Fiscalía General de la Nación como falsas, junto con las certificaciones de experiencia, fueron creadas el 17 de abril del año 2020 en un computador de propiedad de la empresa contratista o sea CATORCE 14 DÍAS DESPUÉS DE HABERSE SUSCRITO EL CONTRATO 003 DE 3 DE ABRIL DE 2020. Esto significa que esos documentos falsos nunca estuvieron en manos del señor gobernador para suscribir el contrato, situación que deja fuera de órbita el control que demanda la Fiscalía del gobernador, que, como ordenador del gasto, debe realizar sobre la veracidad de los documentos para la procedencia de la suscripción contractual, pues a esto, y sumándole las declaraciones, tanto de la representante legal de la entidad contratista y de la funcionaria de la secretaria de salud el Chocó para la época de los hechos, UNA PIDIÓ LOS DOCUMENTOS Y LA OTRA LOS ALLEGÓ DÍAS DESPUÉS DE LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO, SIN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL CHOCÓ.

Es claro que con las pruebas que tiene en manos la Judicatura se puede corroborar que el señor Gobernador del departamento del Chocó es inocente, privado de la libertad, por situaciones ajenas a su cargo, porque en el momento en que suscribió el contrato 003 de 3 de abril de 2020 no reposaban en la carpeta contractual esos documentos falsos y los mismos no los tuvo en cuenta para suscribir este contrato.

¡Una verdadera y dolorosa injusticia para el Chocó!