A través de este caso conjunto, la Sala de Reconocimiento de Verdad investigará crímenes cometidos en territorios étnicos de Chocó y Urabá.
La decisión surge de la articulación entre el Caso 04, que priorizó la región de Urabá, y el Caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.
El Caso Conjunto 04-09 prioriza 14 municipios ubicados a lo largo de la cuenca del río Atrato.
Con esta decisión, la JEP unifica sus investigaciones sobre el conflicto en esta región, reconociendo el impacto diferencial que este tuvo sobre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
Paz y Derechos Humanos, Bogotá, 16 de julio de 2025 || La JEP conformó el Caso Conjunto 04-09, que articula las investigaciones relacionadas con el departamento de Chocó en el marco del Caso 04, que priorizó la situación territorial de Urabá, y del Subcaso Chocó del Caso 09, enfocado en los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Esta investigación conjunta se concentrará en los crímenes más graves y representativos ocurridos en los municipios ubicados a lo largo de la cuenca del río Atrato, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, se basa en que ambas investigaciones abordan hechos ocurridos en el mismo territorio priorizado. Además, comparten la presencia de actores armados, patrones criminales, periodos históricos del conflicto, así como comunidades y territorios afectados. Estas condiciones permiten a la JEP abordar de manera articulada la situación de las comunidades étnicas en esta zona, avanzar con mayor celeridad en el esclarecimiento de la verdad y brindar una respuesta más integral y restaurativa a las víctimas.
De esta manera, los cinco municipios del Chocó priorizados en la investigación del Caso 04 —Acandí, Unguía, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Riosucio— se integran con los nueve municipios priorizados en el Subcaso Chocó del Caso 09, todos ubicados en la cuenca del río Atrato. Todos estos municipios han sido agrupados en cuatro subregiones para efectos de la investigación conjunta:
• Darién: Acandí, Unguía
• Bajo Atrato: Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá (Chocó) y Murindó
(Antioquia).
• Medio Atrato: Bojayá, Medio Atrato, Quibdó (Chocó) y Vigía del Fuerte
(Antioquia).
• Alto Atrato: Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Río Quito.
En el Caso conjunto 04-09, centrada en estos 14 municipios, la JEP investiga crímenes cometidos entre 2002 y 2016 por estructuras del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP, así como por integrantes de la fuerza pública y terceros civiles.
En esta decisión, la magistratura retomó el contenido de la emblemática Sentencia T622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia, que por primera vez reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos, comprometiendo al Estado y a las comunidades étnicas con su protección, conservación, mantenimiento y restauración. Con ello, la corte buscó proteger no solo el medio ambiente, sino también la cultura, la alimentación y la salud de las comunidades que dependen de este río, propósito al que se suma la JEP.
En el auto mediante el cual se da a conocer la decisión, la magistratura señala que el río Atrato ha sido un escenario central de confrontación entre actores armados, debido a su importancia geográfica, ecológica y económica. Su condición de corredor natural lo convirtió en un enclave estratégico durante el conflicto. Entre los crímenes documentados se encuentran desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores y destrucción ambiental.
A la fecha, en el Caso 04 se han acreditado más de 54.000 víctimas, en su mayoría pertenecientes a comunidades étnicas organizadas colectivamente. Por su parte, en el Subcaso Chocó del Caso 09 se han registrado más de 128.000 víctimas con pertenencia étnica.
La creación del Caso Conjunto 04-09 representa un paso significativo hacia el esclarecimiento integral de la verdad en Chocó y Urabá, y refuerza el compromiso de la JEP con una justicia que reconozca los impactos diferenciados del conflicto sobre los pueblos indígenas y afrocolombianos.
