La decisión judicial se refiere al conflicto por la representación del Consejo Comunitario Mayor del Río Pepé (CONCOMARPE) y a la actualización de su registro ante el Ministerio del Interior.
Istmina, Chocó, 17 de noviembre de 2026. El Juzgado Penal del Circuito de Istmina declaró improcedente la acción de tutela promovida por Deyler Mosquera Martínez, a través de su apoderada judicial Hilary Waldo Mosquera, contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Medio Baudó, en medio de la controversia por la representación legal del Consejo Comunitario Mayor del Río Pepé (CONCOMARPE).
La decisión quedó consignada en la Sentencia de Tutela No. 059 de 2026, en la que el despacho judicial estudió los cuestionamientos relacionados con la orden de actualización e inscripción de los órganos de administración y representación legal de CONCOMARPE ante el Ministerio del Interior.
La controversia se originó por las diferencias alrededor de dos actuaciones comunitarias. Por una parte, el cumplimiento de una orden judicial emitida el pasado 28 de agosto de 2026 donde la comunidad se reunió el 16 de septiembre de 2026 y ratificó a Maryury Mosquera Palacios, cuyos resultados fueron remitidos por la Alcaldía de Medio Baudó al Ministerio del Interior.
Por otra, la convocatoria efectuada por 422 integrantes del consejo comunitario para celebrar una Asamblea General Extraordinaria el 15 de noviembre de 2026, con el propósito de resolver el conflicto interno de representación.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la parte accionante fue que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Medio Baudó, mediante el Auto Interlocutorio No. 040 del 27 de octubre de 2026, ordenó al Ministerio del Interior actualizar e inscribir, en un plazo de 48 horas, los órganos de administración y representación legal de CONCOMARPE, tomando como fundamento el acta del 16 de septiembre.
La parte accionante consideró que esa determinación podía afectar el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y la autonomía comunitaria, especialmente porque, según sus argumentos, existían cuestionamientos sobre la convocatoria, la participación, los registros de asistencia y los soportes documentales de dicha asamblea.
Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito de Istmina concluyó que no se acreditaron los defectos específicos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda una acción de tutela contra providencias judiciales.
En sus consideraciones, el despacho señaló que el juez que conoce del cumplimiento de una sentencia de tutela tiene facultades para adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas sus órdenes, conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
Otro elemento considerado fue que el Ministerio del Interior ya había expedido la Resolución No. RPU08892026 del 6 de noviembre de 2026, mediante la cual efectuó la actualización registral de los órganos de administración y representación legal de CONCOMARPE.
En consecuencia, el juzgado resolvió declarar improcedente la tutela frente al numeral cuarto del Auto Interlocutorio No. 040 y al Auto de Sustanciación No. 008 del 4 de noviembre de 2026.
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