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Procuraduría y Contraloría exigen mayor coordinación en restitución a favor de los Embera Katío del Alto Andágueda.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República hicieron un llamado a las entidades con competencias en la planeación, ejecución presupuestal y seguimiento a los fallos de restitución de derechos territoriales a favor de pueblos y comunidades étnicas, para revisar y mejorar sus estrategias de articulación. El caso objeto de […]
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República hicieron un llamado a las entidades con competencias en la planeación, ejecución presupuestal y seguimiento a los fallos de restitución de derechos territoriales a favor de pueblos y comunidades étnicas, para revisar y mejorar sus estrategias de articulación.
El caso objeto de análisis fue la sentencia de restitución de derechos territoriales a favor del resguardo indígena Tahamí del pueblo embera katío del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó, Chocó, proferida por el Tribunal Superior de Antioquia.
En audiencia de seguimiento al fallo, convocada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras y la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se verificó la relación entre la planeación institucional, el esfuerzo fiscal realizado por cada entidad convocada y el goce efectivo de derechos de la comunidad embera katío del Alto Andágueda, desde una perspectiva de derechos de los pueblos étnicos.
Asistieron delegados del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Banco Agrario, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras. La Unidad para las Víctimas no se presentó.
La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, proferida el 23 de septiembre de 2014, fue la primera en cobijar la restitución de derechos territoriales a favor de un pueblo étnico y ordenó la restitución de cerca de 50 mil hectáreas de territorio y la suspensión de los títulos mineros que habían sido adjudicados sin la debida consulta previa, entre otras medidas.
Fuente: PGN
Bogotá, 27 de diciembre de 2017.
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