Redes de cooperantes como política de estado.

¿Acaso no es de la población civil de la que echan mano las autoridades cada que se presenta un hecho de terrorismo, para pedir información que apunte a que no quede impune y puedan ser sancionados los autores intelectuales y materiales? ¿Y si se invierte el orden de los factores, y ya no es después de ocurridos los hechos, sino antes? Bien dicen por ahí, que es mejor prevenir, que tener que lamentar.

Tal vez en las escuelas cuando nos enseñaban civismo y amor por la patria, a la vez que encorábamos el himno nacional, y más luego entendíamos los colores de nuestra bandera, se nos inculcaba que apenas fuéramos ciudadanos, teníamos para con Colombia unas obligaciones para hacerla más justa y segura,  eso sí, de la mano de las autoridades legítimamente constituidas.

Siempre se ha dicho que “los buenos somos más”, entonces, ¿porqué satanizar la participación cívica de los ciudadanos que encontramos sano que a los organismos de seguridad le aportemos información?

Con algo de razón muchos somos escépticos porque al mencionar esas redes de cooperantes, hay que traer a la mesa la pérdida del buen objetivo que se persiguió cuando Álvaro Uribe Vélez las impulsó. Realmente aquello derivó en situaciones lamentables, pero no por ello dejó de ser una herramienta práctica para adelantarse al delito, especialmente a la extorsión y el secuestro que tanto atentaron contra la confianza de la gente en las instituciones del Estado.

De pronto no se calcula que las “casas de vicio” que están en todos los barrios y veredas de ciudades grandes y pequeñas, y que son el soporte financiero y logístico de enormes estructuras criminales, han sido detectadas justamente por la información del vecino que advierte de movimientos sospechosos en su inmediato territorio. Ese es solo un ejemplo de lo que se pueda lograr retomando y mejorando esas redes. A la policía le queda muy difícil, por no decir imposible, acceder a tantísimos expendios de barrio y probar el delito ante las autoridades judiciales de no ser porque encuentran respaldo en el ciudadano normal.

Innovar en temas de seguridad trae riesgos, y los colombianos no debemos ignorar que se sucedieron unos excesos, y se desdibujó el objetivo de aquellas redes de cooperantes, pero no contemplarlas como alternativa de mejora significativa en la seguridad y prevención del delito, es tanto como decir que como dentro de la Policía Nacional hay elementos que no han honrado la misión institucional con comportamientos delictuosos, entonces hay que acabarla. En esa Institución cada que la prensa da cuenta de individuos que delinquen a su interior, de inmediato se toman medidas para evitar que el hecho se repita.

¿Cuántos infiltrados tendrán los grupos delincuenciales dentro de las instituciones para que ahora posemos de escrupulosos al pedir en matrimonio la mano de la sociedad civil como informantes de primera? Es paradójico.

Redes de informantes con los defectos que mostraron aquellas de la década pasada no, pero mejor seleccionadas, mejor dotadas, estimuladas permanentemente, y evaluadas periódicamente sí. Colombia las necesita, el estado para ser más acertado en su misión debe promoverlas. Ahora bien, si es que ello se convierte en política de estado, tanto mejor, pues la permanencia de tales redes a pesar del tiempo y los distintos gobiernos aportará a que en Colombia, los propios y visitantes nos sintamos más seguros.

Por: Norman Mesa Lopera.