Una defensora de los derechos humanos colombiana desafía el peligro para salvar vidas y apoyar a su comunidad.

Elizabeth “Chava” Moreno ha negociado con grupos armados y ha mediado en acuerdos de paz como parte de su compromiso con las comunidades afrocolombianas e indígenas de su región natal, el Chocó.

Por: Elisabet Diaz Sanmartin en Chocó, Colombia.

Cuando la defensora de derechos humanos Elizabeth Moreno Barco condena la violencia que durante décadas ha asolado a las comunidades de su Chocó natal – una región costera de densa selva tropical y sinuosos valles fluviales en el oeste de Colombia – habla desde su amarga experiencia personal.

Elizabeth Moreno Barco (al centro) con los líderes locales Geidy Ismare Diripar (a la derecha) y Uldarias Guafico (a la izquierda) de la comunidad indígena Wounaan en Medio San Juan, Chocó, Colombia. © ACNUR/Nicolo Filippo Rosso.

En 2013, la escalofriante visión de cadáveres flotando por el río San Juan a través de su pueblo de Togoromá fue la primera señal de que el largo conflicto armado interno entre grupos rivales había llegado a su propia puerta.

“Los cadáveres llevaban mensajes. Estaba claro que no se podían sacar del agua y enterrarlos”, recuerda Moreno, de 55 años, conocida por la mayoría por su apodo, “Chava”. Uno de los grupos armados implicados en los enfrentamientos se trasladó a la zona, y seis meses después un grupo rival atacó. “En el caos, con personas corriendo por todas partes, había muchas balas. Era una situación que nunca habíamos visto en nuestro territorio”.

Junto con su familia y los demás habitantes del pueblo, Moreno huyó de Togoromá y aún no ha regresado a casa. Pero la experiencia la hizo más decidida a denunciar la violencia y los abusos que tienen lugar en el Chocó, y ya se ha establecido como líder local y ha sido elegida autoridad de la comunidad afrocolombiana.

Empezó a hacer más campaña en favor de la población mayoritariamente afrocolombiana del Chocó y de otras personas cuya seguridad y modo de vida estaban amenazados, incluidos los grupos indígenas de la zona. Desde mediados de la década de 1980, la violencia en Colombia ha afectado a cerca de 10 millones de personas, forzando a más de 8 millones a abandonar sus hogares durante ese tiempo, incluida Moreno.

Líderesa comunitaria.

“El Chocó es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia”, explica Moreno. “Aquí hemos tenido las peores masacres, hemos tenido desapariciones forzadas, las comunidades han sufrido confinamiento, las personas han sido acusadas de colaborar con los grupos armados, ha habido muchos asesinatos. Hemos sufrido violaciones de los derechos humanos en todos los sentidos de la palabra”.

“Creo que esa fue mi verdadera motivación, poder dar a conocer a otras personas la situación que estábamos viviendo. Así que ahí nació este deseo de ser líder”, añade.

Moreno camina por el embarcadero de Togoromá, el pueblo del río San Juan, en Chocó, donde vivía con su familia antes de ser desplazada por el conflicto armado.

Su visión e influencia la llevaron a convertirse en la primera mujer elegida como representante legal de ACADESAN, un consejo territorial que promueve y protege los derechos de 72 comunidades afrocolombianas que viven en el sur de la región de San Juan. Ahora es coordinadora del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó (FISCH), que promueve el desarrollo basado en la cultura y el conocimiento étnicos, al tiempo que aborda cuestiones como el desplazamiento forzado y el confinamiento.

Esta última es una estrategia utilizada por los grupos armados para controlar a las comunidades, mediante la cual se impide a pueblos enteros salir de su territorio, lo que paraliza sus vidas y agrava sus dificultades. Casi dos tercios de todos los confinamientos ocurridos en Colombia este año se han producido en el Chocó.

Como parte de su papel en ACADESAN, Moreno se aseguró de que los intereses de las comunidades étnicas se incluyeran en las conversaciones de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba. También negoció una tregua parcial entre grupos armados rivales en 2017 que trajo la paz a San Juan durante tres años, antes de que se reavivara la violencia en 2020.

Más recientemente, ha negociado con éxito con los grupos armados la liberación de jóvenes secuestrados, entre ellos dos niños que se reunieron sanos y salvos con sus familias en agosto.

Moreno habla a los participantes en un taller organizado por ACADESAN, el Consejo Comunitario del Río San Juan. © ACNUR/Nicolo Filippo Rosso.

En reconocimiento a su valiente e inquebrantable compromiso con la promoción de los derechos de sus compatriotas colombianos, Moreno ha sido elegida como ganadora regional para las Américas del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2023.

La hermana Carmen, una religiosa que trabaja en el pueblo de Noanamá, situado en un recodo del río San Juan, describe el momento en que ella y otras personas vieron lo feroz y eficaz defensora que podía ser Moreno, cuando guerrilleros armados de las FARC interrumpieron una reunión comunitaria a la que ambas asistían. Moreno tomó la palabra y les dijo que el territorio pertenecía a los residentes que habían vivido ahí durante generaciones, no a ellos.

“Todos aquellos hombres [en la reunión] estaban asustados, pero Chava fue la única que se levantó y habló”, cuenta la hermana Carmen.

Cuando Moreno se dirige al público, su expresión decidida y su tono franco hacen que resulte fácil comprender por qué políticos, grupos armados y, en una ocasión, incluso el Consejo de Seguridad de la ONU le prestan atención.

Moreno abraza a la hermana María del Carmen, una religiosa de la aldea de Noanamá, en San Juan, que acoge a personas desplazadas de otras zonas del Chocó.

“Lo que he tratado de ser siempre es original de acá, en mi territorio”, afirma Moreno sobre su enfoque de la defensa de derechos. “No andar con frases disfrazadas, sino hablar como yo soy”.

Una labor peligrosa.

Sin embargo, gran parte de su trabajo diario consiste en recorrer largas distancias en barco por el San Juan y sus afluentes, visitando y escuchando a las comunidades que representa. Caminando por la calle principal de Docorodó, con su larga melena trenzada rozando el dobladillo de su camisa abotonada, los locales la saludan calurosamente, los niños corren a abrazarla y un joven activista se le acerca para pedirle consejo.

“Es una persona sin aires de grandeza, sencilla y sin pretensiones”, afirma Cecilia Rosero, líder de la comunidad local. “De ella he aprendido que poco a poco y con trabajo se pueden conseguir muchas cosas. También he aprendido de ella que hay que ser valiente. En este territorio donde trabajamos, ser líder social es peligroso y no todo el mundo se atreve a serlo”.

Moreno abraza a la hermana María del Carmen, una religiosa de la aldea de Noanamá, en San Juan, que acoge a personas desplazadas de otras zonas del Chocó.

Al ver a Moreno interactuar con las personas de los pueblos y aldeas que visita, su expresión se suaviza en una sonrisa y está claro que se siente como en casa entre los habitantes del Chocó.

“A los líderes sociales nos gusta servir a nuestras comunidades. Lo hacemos de corazón, con amor”, asegura. “Creo que cuando las cosas se hacen con amor y por devoción… es cuando salen bien”.

La devoción de Moreno por mejorar la vida de sus vecinos en esta hermosa pero inestable parte de Colombia significa que piensa seguir trabajando hasta que no solo esté garantizada su seguridad, sino también su prosperidad futura.

“Muchas personas creen que la paz solo consiste en que los grupos armados depongan las armas, pero para nosotros eso solo significa que se silencien las armas”, afirma. “Cuando tengamos igualdad de condiciones, todos nuestros derechos estén garantizados y no haya más violaciones de los derechos humanos, entonces podremos hablar de paz”.