Durante la audiencia de presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el país atraviesa un agravamiento estructural en el derecho a la salud, debido al incremento sostenido de barreras en el acceso y disponibilidad de medicamentos, con mayor afectación en zonas rurales, étnicas y con baja conectividad.
De acuerdo con los resultados del estudio basado en 3.449 encuestas, para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7 % y un 90 % de sus ingresos mensuales.
Entre los medicamentos más reportados por desabastecimiento se encuentran Metformina, Valsartán y Losartán.
La Defensoría identificó 584 referencias no entregadas, con corte a septiembre del 2025, de las cuales el 48 % continúa sin resolución.
Los departamentos con mayor vulneración del derecho a la salud son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca y Amazonas.
Tutelas y quejas en aumento
La defensora del Pueblo dio a conocer las cifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses.
Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85 % de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82 % de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud.
El 24 % de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14 %), Caldas (12 %) y Antioquia (8 %).
Causas estructurales y llamados de la Defensoría
El informe atribuye el deterioro del acceso a una combinación de problemas financieros, administrativos y logísticos: falta de transparencia de EPS e IPS, retrasos en pagos a proveedores, cambios de gestores farmacéuticos sin capacidad operativa y distorsión de la cadena de distribución que privilegia el canal comercial privado.
Ante este panorama, la Defensoría recomendó una reforma estructural del sistema de salud, con enfoque territorial, transparencia financiera y coordinación interinstitucional para garantizar el suministro oportuno de medicamentos.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema”, subrayó la defensora Iris Marín Ortiz, quien insistió en que el Estado debe garantizar el derecho efectivo a la salud y atender las alertas sobre el sufrimiento que viven miles de pacientes en el país.
