El mínimo vital de la organización sindical.

Una garantía esencial para el libre ejercicio de la libertad sindical, así como para su funcionamiento efectivo como pilar del trabajo digno y decente, es la cuota sindical o contribución de los trabajadores afiliados. Los sindicatos, concebidos como asociaciones sin fines de lucro, se fundan en los convenios 87, 98, 144, 151 y 154 de la OIT, las declaraciones universales de derechos humanos, artículos 39, 53, 55, 56 y 93 de la Constitución Política de Colombia y la sección colectiva del código sustantivo del trabajo, para defender y promover los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales. El Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en su artículo 400, regula la obligación del empleador de deducir las cuotas sindicales del salario de los trabajadores a solicitud de estos, para su entrega al sindicato correspondiente, estableciendo: “Artículo 400. RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES. Toda asociación sindical de trabajadores tiene derecho a solicitar que deduzcan de los salarios de los trabajadores afiliados y pongan a la disposición del sindicato, el valor de las cuotas ordinarias o extraordinarias con que aquellos deben contribuir”.

El derecho al mínimo vital surge en el ámbito jurídico a partir de una interpretación sistemática de la Constitución Política de 1991, inspirándose en el concepto alemán de Existenzminimum o “mínimo existencial”, con el objetivo de proteger al individuo cuando el incumplimiento de sus “derechos sociales” amenaza su dignidad humana o su vida. Este derecho ha adquirido, a través del desarrollo jurisprudencial en Colombia, el carácter de fundamental; sin embargo, su evolución ha permitido que se considere para determinar la esencialidad de derechos prestacionales, la conexión entre derechos de prestación y derechos fundamentales, el núcleo esencial del derecho al trabajo y como condición para la procedencia de la acción de tutela.

En los diálogos y capacitaciones con organizaciones sindicales de nuestra región, se ha evidenciado que las demoras de entre tres y cuatro meses por parte del empleador en transferir los aportes o cuotas sindicales comprometen seriamente el ejercicio efectivo de la libertad sindical, afectando así el mínimo vital de subsistencia de estas organizaciones. Tal como lo han precisado las sentencias T-324 de 1998 y T-1211 de 2000 de la Corte Constitucional Colombiana, la falta de entrega por parte del empleador de las cuotas correspondientes pone en grave riesgo la subsistencia de la organización sindical, ya que requiere de medios económicos para su funcionamiento y cumplimiento de objetivos. La retención indebida o el retraso en el pago de estos aportes comprometen la estabilidad del sindicato y constituyen una vulneración del derecho fundamental de asociación.

Es importante subrayar que el derecho a sindicalizarse o a la asociación sindical, entendido como una forma del derecho de asociación, es reconocido expresamente en el artículo 39 de la Constitución como un derecho fundamental. Esto implica la libertad de los trabajadores de formar sindicatos de manera autónoma y sin intervención estatal, emergiendo su personalidad jurídica del acto constitutivo y su inscripción en el registro correspondiente ante las autoridades administrativas laborales. Por tanto, la existencia de una asociación sindical depende de que pueda contar con los recursos económicos necesarios para alcanzar sus objetivos.

De lo anterior se desprende que los sindicatos tienen el derecho de exigir a sus afiliados el pago de cuotas para su sostenimiento y, simultáneamente, los empleadores tienen la obligación legal de deducir estas cuotas del salario de los trabajadores para entregarlas a la asociación sindical correspondiente. Estas cuotas, consideradas como bienes de propiedad y “mínimo vital”, deben entregarse de manera inmediata, ya que representan una porción específica del salario.

Por lo tanto, las organizaciones sindicales están legitimadas para interponer la acción de tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho fundamental de asociación sindical y fortalecer su propia subsistencia. Es imprescindible que, una vez retenidas o debitadas por el empleador, estas contribuciones se transfieran de forma oportuna e inmediata.

En conclusión, este análisis subraya la importancia vital de las cuotas sindicales no solo para el mantenimiento y operación efectiva de las organizaciones sindicales sino también como un pilar fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores. La intersección entre la libertad sindical y el derecho al mínimo vital refleja la necesidad imperativa de asegurar que las contribuciones sindicales sean administradas de manera eficiente y justa. Así, la retención y entrega puntual de estas cuotas por parte de los empleadores no solo cumple con un mandato legal, sino que también fortalece el tejido social al promover un ambiente laboral justo y equitativo. La jurisprudencia colombiana, particularmente las sentencias T-324/98 y T-1211/2000, enfatiza este punto crítico, recordándonos la responsabilidad colectiva de apoyar la sustentabilidad de las organizaciones sindicales como defensores esenciales de los derechos laborales. Este compromiso compartido hacia la autoprotección y la defensa mutua es, sin duda, un reflejo de los valores más profundos de la sociedad y de la ley.